La Habana.- El Gobierno de Cuba obligará a personas de varios sectores, como «artistas e intelectuales», «comunicadores sociales» y «propietarios de tierras agrícolas», a tener una cuenta bancaria para realizar las operaciones vinculadas a su actividad, según se detalló este jueves en la Gaceta Oficial.
La normativa -que tiene el fin de transparentar las transferencias que desarrollan- entra en vigor a partir de esta fecha, señaló el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, citado por medios estatales. Asimismo, aclaró que los obligados tendrán un periodo de 180 días para acatar la medida, que tendrá un proceso gradual.
La resolución afectará a los «artistas e intelectuales, comunicadores sociales, usufructuarios de tierras agrícolas estatales, propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado y otros productores de alimentos de origen animal o vegetal», indica el documento.
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La norma subraya que, de esta manera, los contribuyentes cumplirán sus obligaciones tributarias.
Regueiro dijo que, además, está dirigida a transparentar las transferencias de ingresos, facilitar el cumplimiento del pago de los impuestos y la acreditación de los ingresos y gastos de los trabajadores privados.
Señaló que en la actualidad, más de 480.000 trabajadores privados -un 85 %- tienen abiertas cuentas bancarias fiscales.
En el texto se recuerda que hasta ahora algunos actores económicos autónomos y «otras formas de gestión no estatal» ya estaban obligados a operar con cuentas corrientes, una norma que desde 2018 se aplicaba a quienes prestan servicios de gastronomía y de renta de viviendas o habitaciones, las obras de reparación alojamientos y, en La Habana, al transporte colectivo.
Este mismo jueves también fue publicada en la Gaceta Oficial una resolución que da un plazo de tres meses a las empresas -estatales o privadas- para incluir como forma de pago las transferencias electrónicas por móviles o con tarjeta bancaria, o de lo contrario suspenderá sus actividades.
La disposición, que entrará en vigor dentro de un mes, es el más reciente paso del llamado «proceso de bancarización» puesto en marcha en la isla en agosto pasado con el objetivo de reducir el uso de efectivo, hasta ahora la opción más utilizada por la población para los pagos de servicios y compras domésticas.
