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Santo Domingo. – La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación Nacional de Industrias y Productores de Áridos de la República Dominicana (ANIPARD) llevaron a cabo la primera jornada de formación conjunta sobre el marco jurídico, ambiental y normativo que regula la extracción de áridos en el país.
El taller tuvo como objetivo fortalecer la regulación y transparencia en cada una de las etapas de la industria de áridos, promoviendo la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
Participación institucional y destacados expertos en extracción de áridos
El evento contó con la presencia de importantes representantes del sector público, académico y empresarial, entre ellos el Lic. Carlos Pimentel, Director de la DGCP, acompañado de las áreas de Jurídica, Políticas, Normas y Procedimientos, y de Compras Sostenibles, el Dr. Francisco Contreras, Procurador General de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente (PROEDEMAREN) y el Maestro Luis Carvajal, Coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Además el Lic. Nelson Pimentel, Asesor Ambiental de la Comisión Ambiental del Senado de la República y Presidente de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD), Carlos Constanza, Presidente de ANIPARD, Carlos Julio Martínez, asesor jurídico de ANIPARD y el Ing. Jeysson Ortega, Asesor Técnico de ANIPARD.
Compromiso con la regulación y sostenibilidad
Durante el taller, se destacó la necesidad de implementar procesos más rigurosos y transparentes en la contratación de empresas extractoras de áridos, garantizando que las adquisiciones del Estado se realicen bajo criterios de sostenibilidad y cumplimiento legal.
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Este primer taller conjunto entre la DGCP y ANIPARD representa un hito en el fortalecimiento de la gobernanza del sector de áridos en República Dominicana. Ambas entidades reiteraron su compromiso con la implementación de prácticas responsables y alineadas con la legislación vigente, asegurando un impacto positivo y duradero en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del país.
