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SANTO DOMINGO.- Desde 2018, el Estado dominicano ha desembolsado más de 9,582 millones de pesos para cumplir con sentencias condenatorias, según datos del Ministerio de Hacienda. Este flujo constante de dinero público ha representado un impacto significativo en las finanzas nacionales, con un promedio anual de 1,368 millones de pesos, equivalentes a más de 114 millones mensuales.
Las sentencias han abarcado diversas áreas, con énfasis en casos de daños y perjuicios y justiprecio, además de demandas laborales, reclamaciones por honorarios profesionales y acciones constitucionales de amparo. En total, 161 sentencias han obligado al Estado a realizar pagos millonarios en los últimos seis años, afectando a múltiples instituciones.
Entre las entidades más golpeadas figura el Ministerio de Medio Ambiente, que en 2024 tuvo que pagar más de 261 millones de pesos por solo dos fallos. También destacan Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), con cuantiosos desembolsos. En 2019, Bienes Nacionales pagó más de 769 millones en cuatro sentencias por justiprecio, mientras que el CEA, entre 2018 y 2021, desembolsó más de 1,124 millones por expropiaciones y daños.
Otras instituciones con un alto número de sentencias en su contra incluyen el Ministerio de Interior y Policía, con 26 casos, Bienes Nacionales con 17, la Autoridad Portuaria Dominicana con 10 e INESPRE con 11. Además, el Instituto Agrario Dominicano, el Ministerio de Medio Ambiente y el INDRHI figuran en la lista de organismos que han enfrentado condenas con fuertes implicaciones económicas.
Estos pagos se realizan en el marco de la Ley 86-11 sobre Fondos Públicos y la Resolución 198-18, que regulan la inclusión de estos compromisos en el Presupuesto General del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda reconoce que no todas las sentencias pasan por esta vía, lo que sugiere que el monto total de los pagos podría ser aún mayor.
El Estado dominicano no solo enfrenta una larga historia de ineficiencia administrativa, sino que también ha sido un deudor moroso en muchos casos. Ciudadanos y empresas han tenido que recurrir a largos procesos judiciales para obtener compensaciones económicas, enfrentando un sistema burocrático que retrasa y, en ocasiones, ignora los pagos.
Entre 2018 y 2024, el Estado realizó al menos 21 pagos en sentencias de daños y perjuicios, sumando más de 88 millones de pesos. Un caso destacado es el de Dannely Castro, cuya familia recibió 13 millones de pesos en 2024 tras una batalla legal de más de una década contra el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Gullón.
Otros casos emblemáticos incluyen a Juana Dolores Ferreira, Amalia Cordero y Úrsula Palomino, quienes tardaron más de diez años en recibir pagos ordenados por la justicia. En 2006, obtuvieron sentencias a su favor contra el Fondo de Desarrollo de Transporte Terrestre, pero los montos solo fueron ejecutados en 2019.
Los pagos por sentencias han fluctuado significativamente en los últimos años. En 2018, ascendieron a 429 millones de pesos, mientras que en 2019 superaron los 1,000 millones. En 2020 se alcanzó un récord con más de 6,200 millones en desembolsos, para luego disminuir a 421 millones en 2021. Posteriormente, en 2022 se pagaron 629 millones, en 2023 fueron 489 millones y, hasta la fecha, en 2024 se han ejecutado 319 millones de pesos.
En el ámbito de las acciones constitucionales de amparo, el Estado ha sido condenado en 22 ocasiones entre 2021 y 2024, generando pagos superiores a los 20 millones de pesos. La Policía Nacional encabeza la lista de entidades más afectadas, especialmente por demandas de exagentes que fueron despedidos de manera irregular o cuyos derechos laborales fueron violados.
Casos como el de Nilfido Peña Joaquín, quien recibió más de dos millones de pesos en 2023 tras ganar una acción de amparo contra la Policía Nacional, o el de José Manuel Mateo Minaya, cuyo pago de 1.2 millones tardó nueve años en ejecutarse, reflejan la resistencia del Estado a cumplir con las decisiones judiciales.
El Patronato Nacional de Ciegos y La Casa Rosada, Hogar de Niños con VIH, también tuvieron que esperar años para recibir pagos por sentencias favorables, evidenciando que ni siquiera las entidades que atienden a poblaciones vulnerables escapan de la burocracia estatal.
Las demandas laborales han representado otra carga económica para el Estado, con millonarios desembolsos en indemnizaciones y prestaciones laborales. En 2023, se realizaron tres pagos por más de 10 millones de pesos, destacando el caso de Freddy Elpidio Medina, quien recibió más de seis millones tras demandar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Sin embargo, el pago más alto registrado fue en 2024, cuando Juan Rodríguez Liriano recibió casi 18 millones de pesos por sentencias contra la Dirección General de Bienes Nacionales. Su caso, iniciado en 2017, resalta la demora con la que el Gobierno ejecuta estos pagos.
El impacto de estas condenas no solo afecta a los trabajadores que buscan justicia, sino también a las finanzas del Estado, que sigue destinando recursos millonarios para cubrir deudas acumuladas. La falta de mecanismos ágiles para resolver estos conflictos genera un círculo vicioso de demandas, pagos tardíos y un impacto financiero significativo para el país.
Mientras el Estado aplaza sus obligaciones, el costo de la negligencia sigue en aumento, afectando directamente el bolsillo de todos los dominicanos.
Este trabajo fue un reportaje del programa de investigación Bajo El Foco de De Último Minuto, conducido por Wendy Mora, con la investigación a cargo de la periodista Angie Mateo.
