Santo Domingo.- La Justicia condenó a penas de 15 y 10 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes agravado a los principales miembros de la red criminal desmantelada en 2022 en la operación Iguana, informó este viernes la Procuraduría General de la República (PGR).
Según un comunicado del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Jimaní condenó a Roberto Méndez Pérez, quien se desempeñaba como coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración y Johan Rosario Castillo a 10 años de prisión, mientras que a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán les impuso 15 años de cárcel.
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Los jueces, que también condenaron a los cinco acusados a pagar una multa de 150 salarios mínimos, dictaron sentencia absolutoria para Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán.
En 2022, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) llevó a cabo el operativo Iguana, que permitió la desarticulación de esta red de tráfico de migrantes, la cual utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.
Se llevaron a cabo nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias de Independencia, Bahoruco y Pedernales en los que se arrestó a los acusados y se ocuparon siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
La investigación penal del caso, que contó con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, había comenzado en diciembre de 2021 y en ella se obtuvieron pruebas contra los miembros de la red que les vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.
Según el expediente acusatorio, los ahora condenados recurrían a la amenaza y al chantaje y privaban de libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido.
El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.
