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El presidente de Honduras Nasry Asfura ha puesto fin a un privilegio arraigado en la vida cotidiana de la capital: los funcionarios públicos ya no contarán con escoltas policiales o militares en su circulación diaria.
A partir de ahora, ministros, viceministros, directores y demás autoridades deberán enfrentar el tráfico como cualquier ciudadano, organizando sus horarios sin ampararse en caravanas o sirenas que paralizan la actividad urbana.
Según el propio Asfura, se trata de restablecer la confianza ciudadana y revertir décadas de abusos que han separado a los gobernantes de la realidad cotidiana.
El cambio incluye una decisión simbólica del propio presidente, quien aseguró que ha pedido una reducción significativa en su seguridad oficial y utiliza vehículos de su propiedad particular.
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Asfura explicó que, aunque reforzará su seguridad personal, decidirá y financiará esos recursos de su propio bolsillo, no con fondos estatales, como forma de mostrar coherencia en materia de austeridad. Según sus declaraciones, “si se exige austeridad y responsabilidad a los demás, el ejemplo debe empezar desde la Presidencia”.
El mandatario comunicó la medida después de un encuentro directo con el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, donde ordenó suspender la utilización de la Policía Nacional de Honduras y de las Fuerzas Armadas para protección personal de funcionarios. Asfura enfatizó que la fuerza pública debe “estar enfocada en proteger a la población, combatir el crimen y garantizar la seguridad en barrios, colonias y carreteras, y no en facilitar traslados de personas con cargos públicos”.
Entre los aspectos destacados, el presidente dispuso la prohibición del uso de sirenas y escoltas motorizadas, salvo en circunstancias justificadas. Afirmó que el uso habitual de estos dispositivos resulta “ofensivo” para los habitantes que todos los días enfrentan largas horas de congestión vehicular.
Asfura calificó estas prácticas oficiales como “humillantes para la población”, porque implican un “mensaje de superioridad y desconexión con la realidad de la mayoría de los hondureños”.
El mandatario reconoció públicamente que la utilización de escoltas y vehículos oficiales para funcionarios se había transformado en una costumbre, naturalizada hasta volverse una especie de derecho adquirido.
Según Asfura, este privilegio resultaba incompatible con un gobierno que intenta administrar de forma eficiente y transparente los recursos públicos.
La eliminación de estas prerrogativas responde, en parte, a las críticas de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ciudadanos que han denunciado históricamente no sólo el costo operativo de movilizar convoyes oficiales, sino el impacto negativo en la circulación y la imagen institucional. A juicio del presidente, iniciativas como ésta son el primer paso para reconstruir la relación entre Estado y ciudadanía.
En su comunicado, el jefe de Estado quiso dejar claro que su administración no promete soluciones inmediatas ni plazos simbólicos, y que muchos de los actuales problemas viales y de gestión urbana obedecen a “décadas de malas prácticas, decisiones erróneas y falta de planificación”.
Insistió en que los cambios profundos requieren tiempo y perseverancia, pero decidió iniciar con la eliminación de privilegios, que espera se convierta en un estándar para el ejercicio del servicio público.
A lo largo de su intervención, Asfura subrayó que el dinero del Estado proviene del esfuerzo de los contribuyentes y que le corresponde “garantizar que cada lempira sea bien invertido y genere resultados visibles para la población”.
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Atribuyó al abuso de estos sistemas y la corrupción el hecho de que “en los últimos años se ha formado un sentimiento negativo hacia la clase política”. Remarcó la necesidad de transformar no sólo políticas, sino comportamientos y actitudes de los servidores públicos.
El presidente concluyó exhortando a los medios de comunicación, a quienes instó a “acompañar este proceso con información veraz y responsable”, y remarcó la importancia del periodismo en la construcción de una sociedad informada y en la supervisión de la labor gubernamental “especialmente en momentos de cambio”.
Desde la perspectiva de muchos hondureños, la retirada de los convoyes oficiales y de las sirenas impone un nuevo “techo” a las expectativas de convivencia entre los funcionarios y la mayoría de la población. El anuncio representa el principio de una fase distinta en la percepción y realidad del poder en Honduras, donde la abolición de privilegios históricos proyecta una transformación en el vínculo entre gobernantes y gobernados.
