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Bangkok.- Los partidos políticos tailandeses, entre ellos el más reformista, han eludido esta vez incluir propuestas de cambios a la estricta ley de lesa majestad del país de cara a los comicios del próximo domingo, mientras ONG como Human Rights Watch (HRW) advierten de que al menos 45 personas fueron encarceladas en 2025 por motivos políticos, entre ellos por críticas a la Corona.
Así se indicó durante la presentación en Bangkok de la parte asiática del informe mundial de 2025 lanzado esta semana por HRW, que en el caso de Tailandia alerta de continuos abusos a los derechos humanos bajo el actual gobierno del conservador Anutin Charnvirakul, uno de los favoritos de las inminentes elecciones.
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El asesor de HRW en Tailandia, Sunai Phasuk, afirmó que existe "falta de voluntad y de coraje político" para impulsar reformas monárquicas, y además advirtió de la persistencia de un "tabú político" en torno a estas cuestiones.
La ley de lesa majestad, regulada en el artículo 112 del Código Penal tailandés, castiga con penas de entre tres y quince años de prisión las críticas contra la Casa Real.
Si bien en las pasadas elecciones de 2023 el movimiento reformista -entonces bajo la marca "Avanzar"- basó parte de su campaña en prometer cambios sobre la ley, esta vez su sucesor, el Partido del Pueblo, ha evitado aludir a la normativa, tras problemas con la Justicia tailandesa.
El conservador Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó en 2024 la disolución de Avanzar al considerar que su propuesta de reformar esta ley representaba una "amenaza para la monarquía constitucional".
Avanzar arrasó en los pasados comicios, pero no llegó al poder por el veto del Senado, entonces formado por miembros nombrados por la anterior junta militar (2014-2019).
Convertido ahora en el Partido del Pueblo (PP), favorito para ganar las elecciones de este domingo con un estrecho margen, según los sondeos, la formación ha rebajado el tono de sus peticiones para intentar formar gobierno si gana.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado el uso de leyes como la de lesa majestad o normativas sobre delitos informáticos y sedición contra activistas o políticos, mientras las autoridades defienden su aplicación como una cuestión de seguridad nacional.
El pasado agosto, un tribunal de Bangkok absolvió al influyente ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra de una acusación de lesa majestad, poco antes de que su hija Paetongtarn fuera destituida por el Constitucional en una polémica decisión.
Su sucesor, el conservador Anutin, al frente del Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) y segundo favorito en los comicios, ha expresado su oposición a las iniciativas para reformar el artículo 112, incluidas las impulsadas por partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
En julio, el Parlamento rechazó la Ley de Amnistía promovida por el PP, que buscaba indultar a los acusados de lesa majestad.
Según el Centro de Abogados por los Derechos Humanos de Tailandia, desde 2020 hasta 2025 cerca de 2.000 personas han sido procesadas por asuntos vinculados con la libertad política y de expresión, 319 de los cuales en casos de lesa majestad.
