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Más de 15.000 civiles ucranianos han sido detenidos en algún momento en los territorios ocupados por Rusia, al menos 1.800 siguen privados de la libertad y más del 90 % de ellos fueron víctimas de torturas y maltratos, dijo este martes la jefa de la Misión de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Danielle Bell.
En comunicación por teleconferencia desde Kiev, Bell denunció una conducta sistemática y generalizada de tortura por parte de Rusia contra los civiles que detiene, a quienes aplica su propia legislación en lugar de las leyes de Ucrania, como lo dicta el derecho internacional humanitario.
Si bien en los primeros meses de la invasión rusa la detención de civiles ucranianos fue masiva, posteriormente las detenciones se han centrado en cualquiera que expresara opiniones críticas contra la operación militar de Rusia o contra sus fuerzas armadas.
Una de las principales fuentes utilizadas por la misión fueron entrevistas directas a 215 civiles liberados, quienes ofrecieron relatos coherentes y detallados sobre el trato que recibieron en cautiverio, además de entrevistas con familiares y abogados.
Uno de los elementos que surgieron de estas entrevistas fue la participación en ciertos casos de personal médico en los actos de tortura, pero no con la intención de prestar atención a los detenidos, sino de afinar las técnicas de tortura utilizadas.
Las víctimas entrevistadas luego de su liberación - tras haber conseguido abandonar las zonas ocupadas por Rusia y trasladarse a áreas controladas por Ucrania- describieron al personal de derechos humanos los tipos de torturas que sufrieron, como golpizas severas y descargas eléctricas, simulacros de ejecución, posiciones de estrés prolongadas y amenazas de muerte y violencia contra ellos o sus seres queridos, así como violencia sexual.
La Misión de Derechos Humanos también aportó información sobre la detención de ciudadanos ucranianos en su propio país, por cargos relacionados en general con la seguridad nacional, como traición y espionaje.
La mayoría de los casos penales relacionados con el conflicto incluyen cargos de colaboración basados en la interacción o supuesta cooperación de un individuo con las autoridades de ocupación rusas.
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Algunos ucranianos fueron procesados por llevar a cabo servicios de emergencia, construcción, asistencia humanitaria y recolección de basura durante la ocupación, actividades que legalmente pueden ser exigidas por las autoridades ocupantes, explicó la ONU.
Esto sucedió en casos en los que Ucrania recuperó el control de zonas que había perdido ante el invasor ruso.
Las detenciones de ese tipo han llevado a que hayan hasta 2.258 ucranianos bajo custodia en centros oficiales de prisión preventiva y penitenciarios (cifra actualizada hasta el pasado julio), además de 20.000 causas abiertas, lo que ha puesto bajo una fuerte presión al sistema de justicia penal ucraniano.
