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Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, convocó a elecciones generales para el 12 de abril del 2026, “a fin de que podamos elegir democráticamente en las urnas a nuestro próximo presidente o próxima presidenta”.
Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, Boluarte tenía plazo hasta el 12 de abril para convocar los comicios generales. La fecha anunciada también estaba estipulada en la propuesta del organismo presentada en febrero.
“El Gobierno que dirijo asume el compromiso de mantener absoluta neutralidad e imparcialidad para que los resultados de este proceso electoral sean incuestionables y reflejen cabalmente la voluntad popular expresada en las urnas”, señaló la mandataria, quien aseguró además que los órganos electorales contarán con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.
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El mensaje en el Palacio de Gobierno se dio en compañía de los jefes de las instituciones del sistema electoral del país.
Boluarte dijo que espera que esta convocatoria “abra un escenario de distensión” para el país.
El anuncio se realiza en medio de una crisis de inseguridad en Perú que ha llevado a la declaratoria de estado de emergencia en la capital peruana y la provincia del Callao. Ello, luego de que el 16 de marzo fuera asesinado el integrante de un conocido grupo de cumbia, lo que desató protestas y llevó este viernes al Congreso peruano a censurar al entonces ministro del Interior, Juan José Santivañez.
Las últimas crisis políticas en el país han llevado a Perú a tener seis presidentes en los últimos siete años.
Crisis de seguridad:
Dina Boluarte, resaltó la posibilidad de instaurar la pena de muerte en Perú para enfrentar la grave situación de inseguridad que vive el país y declaró el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao, autorizando el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional.
La pena de muerte está prevista en la Constitución peruana solo para los delitos de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo, con lo cual, si se quiere ampliar hacia otro delito, se necesitaría una reforma de la Constitución y del Código Penal. Para poder avanzar en esa reforma, además, Perú tendría que desvincularse del Pacto de San José, que establece límites a la aplicación de esa pena.
Perú atraviesa una grave crisis de seguridad. Varios colegios públicos denunciaron días atrás estar siendo extorsionados por delincuentes, a raíz de lo cual propusieron dictar clases virtuales, según la televisora estatal TV Perú.
