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San Salvador.- Integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) solicitaron este sábado a la Iglesia católica que se pronuncie por las violaciones a derechos humanos en el país y por las detenciones de "inocentes", de abogados y de activistas.
Un grupo de integrantes de Movir y algunos familiares de personas detenidas se concentraron en la fachada de la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el corazón de la capital, y alzando carteles con mensajes en rechazo del estado de excepción también pidieron por la liberación de sus parientes detenidos, según ellos, "arbitrariamente".
Samuel Ramírez, coordinador de Movir, dijo en declaraciones a EFE que les "preocupa" que la Iglesia y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, "guarden silencio" .
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"Queremos que la iglesia católica reconozca que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué el arzobispo no ha dicho nada? (…) aquí (en El Salvador) hay violaciones a los derechos humanos, hay capturas arbitrarias, persecución política y presos políticos", señaló Ramírez.
Dijo que no se explica "cómo es que un país que se vende que es el país más seguro está por más de tres años sometido a un régimen de excepción".
El Salvador continúa bajo un régimen de excepción como su principal -y única- medida de seguridad contra las pandillas, entre la preocupación de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por las miles de denuncias de violación a derechos, malos tratos y torturas en las cárceles del país y por "convertirse en una herramienta" para acallar las voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Ramírez añadió que Movir "aboga por todos los inocentes detenidos" que incluye, según señaló, a los abogados críticos del gobierno del presidente Nayib Bukele, Ruth López y Enrique Anaya, y los activistas Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.
El régimen de excepción fue aprobado como una medida extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar a los territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
Bajo este régimen se registran más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o supuestas personas ligadas a estas bandas, se reportan casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 400 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.
Además, en las últimas semanas se ha denunciado que el estado de excepción "no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas" del gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
