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Lima.- La Comisión Permanente del Congreso de Perú archivó el pasado miércoles una denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros por las decenas de muertes que se produjeron en las protestas gubernamentales que se desarrollaron en el país andino entre diciembre y marzo pasado.
La decisión fue tomada tras recibir un pronunciamiento previo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que el pasado 5 de mayo había declarado improcedente la denuncia "por presuntas infracciones constitucionales", según informó el Congreso.
La Comisión rechazó un pedido de reconsideración presentado por la legisladora izquierdista Sigrid Bazán, por lo que envió al archivo la denuncia contra Boluarte, el exministro de Defensa y actual primer ministro, Alberto Otárola, su antecesor, Pedro Angulo, y el exministro del Interior César Cervantes.
La denuncia había sido presentada por los parlamentarios izquierdistas Bazán, Ruth Luque, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez.
Tras conocerse la decisión, Bazán señaló en Twitter que "la Comisión Permanente terminó por sepultar la posibilidad de que este Congreso investigue las muertes de más de 60 peruanos".
Añadió que el Parlamento "aún no conforma la Comisión de Investigación Multipartidaria de los posibles crímenes cometidos por la reciente crisis política y social".
El informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso la improcedencia de la denuncia aseguró que lo ocurrido está siendo investigado por el Congreso y el Ministerio Público, por lo cual aún no se define la responsabilidad de algún funcionario.
La decisión de la Comisión Permanente se tomó un día después de que Boluarte fuera interrogada por la fiscal general, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que ha abierto el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
Boluarte respondió durante unas tres horas en la sede principal de la Fiscalía de la Nación y luego su abogado, Joseph Campos, declaró que la gobernante ahora espera ser excluida de las investigaciones que consideró que no tienen "ningún sentido", pero sí un "efecto deteriorante" mientras se mantenga vigente.
Esta investigación fiscal también se sigue contra Otárola, Angulo y Cervantes, así como contra el exministro del Interior Víctor Rojas y el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas 7 haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.
