Río de Janeiro .- Al menos 208 indígenas fueron asesinados en 2023 en Brasil, un 15,5 % más que en 2022, efecto de la violencia que permaneció en el país por la lucha de tierras en el primer año de mandato del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, según un informe divulgado este lunes.
El Consejo Indígena Misionero (CIMI), organización vinculada a la Iglesia católica y autor del reporte, señaló que las acciones del Ejecutivo de Lula relacionadas con la regularización de tierras indígenas, la protección y la asistencia a los pueblos ancestrales fueron «insuficientes».
El informe recopiló en 253 páginas datos sobre los derechos territoriales indígenas, los casos de violencia contra miembros de estas comunidades y los derechos vulnerados por el poder público durante 2023.
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Ese año se registraron 1.276 casos de violencia contra el patrimonio, 150 por derechos territoriales, 276 por invasiones, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos a la propiedad, y 404 incidentes de «violencia contra la persona».
Según el CIMI, todos estos episodios ocurrieron en al menos 202 territorios indígenas de 22 estados de Brasil, pero la mayoría se concentró en Amazonas y en regiones donde prima la actividad agropecuaria, como Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.
Regularización a cuentagotas
Como en años anteriores, la deforestación que da paso a la minería ilegal, así como la extracción ilícita de madera y de otros recursos a través de la caza y la pesca, están entre las acciones vinculadas a la apropiación de tierras indígenas.
Durante el lanzamiento del informe, los investigadores señalaron que, pese a la promesa de Lula de promover «cambios profundos» en materia de regularización de tierras, luego de cuatro años del «mandato antiindígena» de Jair Bolsonaro, «hubo pocos avances», con tan solo ocho casos.
Datos del CIMI señalan que de las 1.381 tierras y demandas territoriales indígenas existentes, el 62 % lidia con conflictos administrativos para su regularización.
A eso se sumó la problemática del denominado ‘Marco Temporal’, una tesis que limita los derechos de los indígenas a las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución brasileña.
La falta de definición sobre esa cuestión, aprobada por el Congreso y declarada inconstitucional por la Corte Suprema, así como la «ausencia de un señalamiento claro» en defensa de los pueblos indígenas por parte del Gobierno de Lula, tuvieron una «influencia directa» en el alto número de conflictos, según el CIMI.
