Madrid.- El Gobierno español prevé aprobar este martes una ampliación de la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar, que tendrán derecho a una evaluación de su puesto y a exámenes médicos periódicos como nuevas obligaciones para quienes las contratan, y cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.
En una actividad ejercida mayoritariamente por mujeres, en gran parte latinomericanas, los reconocimientos médicos, que serán trienales, se incluirán en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
El proyecto que regula estas novedades, al que tuvo acceso EFE, prevé que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ponga a disposición de los empleadores la herramienta digital que permitirá evaluar el puesto y que las empleadas realicen la formación en internet.
Así, las familias que contratan personal doméstico no tendrán que asumir en principio mayores gastos, salvo que quieran contar con un seguro que les provea el servicio. El coste, en cualquier caso, «no deberá recaer en modo alguno sobre las personas trabajadoras», aclara la norma.
También prevé la implantación de un protocolo de actuación contra casos de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, que será redactado por el INSST en el máximo de un año desde la publicación de la norma general.
La entrada en vigor no llegará hasta 2026
Sin embargo, los plazos establecidos en la norma retrasarán al menos hasta enero de 2026 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones, que no serán exigibles hasta seis meses después de que el INSST tenga lista la plataforma digital, para lo que dispone de un plazo de diez meses.
La formación obligatoria sobre los riesgos asociados a las tareas domésticas solo se realizará una vez aunque se preste servicio en varias casas, y será dentro del horario de trabajo, si es posible, o fuera de la jornada laboral, pero compensable con descanso equivalente.
El reconocimiento médico también es único, aunque se tengan varios empleadores. Requerirá el consentimiento expreso del trabajador y se garantizará su intimidad.
En el texto, consensuado con los sindicatos, el Gobierno considera que los trabajadores dedicados a esa actividad han sido «históricamente objeto de un tratamiento normativo degradado y claramente discriminatorio», y entendida «como subalterna y de escaso valor económico».
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«Una actividad casi completamente feminizada», en una sociedad que «minusvaloraba los cuidados y ahonda en la discriminación de la mujer en el trabajo», concluye.
En España, según datos de la Encuesta de Población Activa, se dedican a este trabajo en torno a 580.000 personas, y son mujeres un 86,40 %.
