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Santo Domingo.- Esta semana, el presidente Luis Abinader anunció que “se acerca la subasta” de los bienes incautados por el Estado en casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Según dijo, el proceso estaría previsto para finales de julio o principios de agosto, y sería encabezado por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (INCABIDE).
“Las primeras subastas las va a hacer el INCABIDE”, expresó Abinader durante un acto público.
Sin embargo, más allá del anuncio, lo que sigue sin definirse es lo más importante: ¿Cuándo exactamente será la subasta? ¿Cuáles bienes estarán incluidos? ¿Y qué pasará con todo lo que aún no ha sido adjudicado públicamente?
En investigaciones anteriores de Bajo el Foco, se documentó cómo el Estado ha acumulado una larga lista de bienes de alto valor económico y simbólico: villas, penthouses, estaciones de combustible, joyas, vehículos de lujo, solares y hasta un cine comercial.
Según Manuel Oviedo Estrada, director del INCABIDE, entre agosto de 2024 y abril de 2025 se recibieron 179 inmuebles, pero solo 76 tienen sentencia firme de decomiso. El resto sigue bajo incautación provisional. A pesar de ello, la mayoría están siendo utilizados.
“Algunos están alquilados a ciudadanos, otros a instituciones del Estado, y en algunos casos siguen ocupados por personas vinculadas a los procesos anteriores”, detalló Oviedo.
Entre las propiedades figuran un penthouse en la Torre Anacaona II, apartamentos en sectores exclusivos como Naco y Piantini, y una villa desocupada en Casa de Campo. De todo el inventario, solo 37 propiedades aparecen como desocupadas.
INCABIDE también administra más de 200 vehículos, incluyendo modelos de alta gama como un Lamborghini, un Mercedes-Benz S500 y una Harley Davidson incautada en el caso BUHO-COOP. Pero la mayoría está en mal estado o considerada chatarra.
En el renglón de lujo, el inventario incluye 49 relojes de marcas como Rolex, Audemars Piguet y Cartier; 36 joyas, y dos yates —La Pamolita y Amnesia— que están en condiciones operativas, pero sin uso ni asignación actual.
“Hay más de mil millones de pesos en bienes que ya están listos para subasta”, confirmó Oviedo. “Queremos hacer dos subastas antes de que termine el año.”
El retraso en la subasta también se debe a problemas legales. Muchos bienes aún no tienen sentencia firme o título de propiedad a nombre del Estado. Y eso impide su venta.
Otro punto crítico: ¿qué ocurre cuando una persona es descargada por la justicia? En Bajo el Foco se han documentado denuncias de ciudadanos que, tras ser absueltos, han tenido que esperar años para recuperar sus bienes… muchos de ellos en condiciones deterioradas o inservibles.
“Hasta que no hay sentencia firme, no podemos subastar. Solo administramos lo que nos transfiere formalmente el Ministerio Público”, aclaró el director del INCABIDE.
En diciembre de 2024, la Procuraduría General entregó más de 300 bienes con sentencia firme, valorados en más de 3,300 millones de pesos. En febrero de este año, INCABIDE aseguró que estaba evaluando todo para una subasta pública. Hoy, a mitad de 2025, el proceso aún no se concreta.
Mientras tanto, el Estado administra un portafolio de alto valor. No solo económico, también simbólico. El lujo que alguna vez fue usado para lavar dinero, podría tener hoy uso social, institucional o público.
Desde Bajo el Foco, seguiremos preguntando: si la subasta se acerca, la rendición de cuentas también.
