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Desde 2020, el Estado dominicano ha comprometido más de 4 mil millones de dólares en préstamos internacionales vinculados al cambio climático: proyectos de transporte limpio, energía renovable, gestión de residuos y saneamiento.
Si se suman los compromisos entre 2012 y 2020, la cifra supera los 6 mil millones de dólares.
Pero los aguaceros siguen mostrando la misma historia: barrios anegados, drenajes colapsados y comunidades que vuelven a empezar desde cero.
Entre los préstamos más llamativos figura uno de 54 millones de dólares, aprobado en 2020 para el saneamiento de la Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste.
A ese se suman más de 200 millones de dólares gestionados en los últimos veinte años, todos destinados al mismo propósito: sanear la cañada.
Y, sin embargo, durante los recientes aguaceros provocados por la tormenta Melissa, esa misma cañada volvió a desbordarse, causando nuevas inundaciones en varias zonas del país.
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La abogada Yulibelys Wandelpool, especialista en administración pública, explicó que situaciones como esta “debilitan la confianza de la ciudadanía y de los organismos internacionales que financian estos proyectos”.
“El pueblo se pregunta qué se ha hecho con esos recursos, por qué no hay resultados visibles, y eso afecta la credibilidad del Estado”, afirmó.
Wandelpool advirtió además que cuando los préstamos climáticos no generan resultados concretos, el país termina pagando más caro: “se encarecen los intereses, los plazos y la confianza internacional”.
Por eso, insistió en que el Sistema Nacional de Inversión Pública, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional deben reforzar su labor de fiscalización y rendición de cuentas.
Porque mientras el Estado se endeuda en nombre del cambio climático, Guajimía sigue desbordándose, y las promesas del saneamiento se van con el agua.
