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El caso de corrupción, crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad, que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S, se encuentra en un limbo a casi 8 meses de iniciado el proceso.
“Sobre este caso el Ministerio Público aún no presenta acto conclusivo, sea acusando a los investigados, sea archivando el caso”, indicó Participación Ciudadana en su quinto informe del observatorio de los casos de corrupción administrativa.
El informe indica además que en el tiempo bajo observación se han levantado todas las medidas de coerción, e incluso el Ministerio Público recusó a la jueza control, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, debido a que levantó incluso el impedimento de salida del país que tenía el investigado Jochi Gómez.
“Este levantamiento permite al imputado tener acceso en Estados Unidos a la compañía cuyo nombre utilizó en República Dominicana para agenciarse un contrato público, pero que luego fue desautorizado por dicha compañía”, cita el informe sobre el caso, mientras se espera que el Ministerio Público presente su acto conclusivo.
Están imputado por este caso además Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
Se recuerda que el caso se produjo tras detectarse irregularidades en un contrato de 1,317 millones de pesos entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, para la mejora de la red semafórica del gran Santo Domingo.
A los implicados se les había dictado un año y medio de prisión preventiva como medida de coerción, pero fue variada un mes después por coerciones menos severas hasta ser levantadas totalmente.
