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Santo Domingo.- Un grupo de mujeres representantes de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) se presentó este miércoles en el Congreso Nacional para manifestar su preocupación ante la inminente aprobación del proyecto de Código Penal. La organización sostiene que la propuesta legislativa contradice principios fundamentales que rigen la vida y la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Katherine Cabrera, en nombre de CONAMUCA, enfatizó que la ley debería funcionar como un escudo protector para los más desfavorecidos, y no como una herramienta que los arrincona y deja sin defensa. Considera que el enfoque punitivo del proyecto, junto con la exención de responsabilidad a entidades como el Estado, los ayuntamientos, las iglesias y los partidos políticos, desequilibra el sistema de justicia.
“En las comunidades campesinas, la justicia es algo que se busca, que se espera, y si el Estado, que debería protegernos, no puede ser responsabilizado, ¿a quién acudimos cuando sentimos que nos han pisado?”, cuestionó Cabrera.
La Confederación de Mujeres del Campo subraya que la concepción de la justicia gratuita como un privilegio, y no como un derecho universal, atenta contra la equidad, colocando en clara desventaja a quienes carecen de recursos.
Uno de los puntos de mayor alarma para la organización es la posible prescripción de los crímenes de violencia sexual. CONAMUCA expresa su “escalofrío” ante la idea de que agresores puedan quedar impunes con el paso del tiempo, lo cual no solo violaría la Constitución dominicana —que protege la integridad de mujeres y niñas—, sino también tratados internacionales suscritos por el país.
La propuesta de crear una jurisdicción militar también genera inquietud. La organización se pregunta si esto derivará en “dos tipos de justicia”. Recuerdan que la Constitución establece que el Poder Judicial es el único órgano responsable de administrar justicia, y que otorgar atribuciones especiales a un tribunal militar va en contra del principio de igualdad ante la ley, un valor fundamental para la comunidad campesina.
En cuanto al aborto, CONAMUCA lo considera un claro ejemplo de cómo la pobreza castiga con mayor dureza a los más vulnerables. Entienden que la ley actual se aplica con mayor severidad a mujeres de bajos recursos, quienes —sin acceso a información ni a servicios de salud— terminan criminalizadas por situaciones que deberían abordarse desde la óptica de la salud pública y la justicia social.
Para las mujeres campesinas, el aborto debe ser tratado como un asunto de salud y justicia social, no como un crimen tipificado en el Código Penal. Criminalizar a las mujeres las empuja a situaciones más peligrosas y las condena a la pobreza y la desesperación.
