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Santo Domingo.- El colectivo Dominicanos por Derecho, que representa a descendientes de extranjeros indocumentados a quienes se retiró la nacionalidad tras una polémica sentencia de 2013, se manifestaron hoy cerca del Palacio Nacional para denunciar su situación.
Aunque con una ley de 2014 se buscó revertir esta medida, el grupo denunció en su protesta que el cierre hace dos años por el Ministerio de Interior y Policía de la oficina encargada de su naturalización ha dejado "en el limbo" a cerca de 8,000 dominicanos a quienes se entregó una documentación provisional que ya ha vencido, según una nota de Dominicanos por Derecho.
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Asegura que Interior y Policía "hace caso omiso" de los decretos del exmandatario Danilo Medina y del actual presidente, Luis Abinader, que concedieron la nacionalidad por naturalización especial a 799 personas, ya que "no ha notificado ni permitido que los beneficiarios completen el procedimiento para obtener los documentos que acrediten su nacionalidad".
Por ello, considera que "el Estado dominicano continúa y agudiza los procesos de segregación y desnacionalización de más de 90.000 hombres y mujeres nacidos en ese territorio", en su inmensa mayoría de descendientes de haitianos.
El colectivo habla de "detenciones arbitrarias" y la criminalización de ciudadanos por "su color de piel, origen familiar y los problemas de documentación que el Estado ha creado" y afirma que en los últimos dos años se ha agravado la situación de quienes viven en comunidades rurales y urbanas marginales.
De hecho, agrega, "en lo que va de año se han reportado más de 800 intentos de expulsión de dominican@s de su propio país".
Ante esta situación, Dominicanos por Derecho insta a Abinader a "retomar los espacios de trabajo, a escuchar las voces" de los afectados y a "avanzar en el diseño de políticas públicas para enfrentar la inseguridad, la discriminación y desigualdad en la que viven".
En 2013 un polémico fallo del Tribunal Constitucional, decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos, lo que generó el rechazo de parte de la comunidad internacional y un intenso debate en el país.
