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Puerto Plata, R.D. – Las autoridades dominicanas arrestaron este lunes a Ángel Martínez, identificado como “El Detective”, a su llegada al país a bordo de un crucero que atracó en el puerto de Puerto Plata. Martínez estaba siendo requerido por la justicia en relación con varias investigaciones por presuntos delitos de extorsión, difamación, lavado de activos y estafa.
Martínez, de nacionalidad dominicana y residente durante años en Estados Unidos, es conocido por sus publicaciones en redes sociales y su canal de YouTube, donde difundía contenidos relacionados con figuras públicas del ámbito político y empresarial.
Procesos en República Dominicana
De acuerdo con información del Ministerio Público, Martínez enfrenta varias querellas por difamación e injuria bajo la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Entre los denunciantes figuran el diputado Sergio Moya y el político Guido Gómez Mazara, quienes lo acusaron en 2021 de emitir declaraciones públicas que los vinculaban con actividades ilícitas.
Tras no comparecer ante los tribunales en los procesos abiertos, fue declarado en rebeldía y se emitieron órdenes de arresto e impedimentos de salida. En 2024, el Ministerio Público solicitó su extradición desde los Estados Unidos y gestionó una alerta roja ante la Interpol.
Antecedentes en Estados Unidos
En Estados Unidos, Martínez fue arrestado en el condado de Miami-Dade, Florida, el 16 de agosto de 2013, acusado de estafa en tercer grado. El caso fue registrado bajo el expediente 13-019119. Según documentos judiciales, se le investigó por presuntamente ofrecer asistencia legal a familiares de personas detenidas o fallecidas, a cambio de dinero, sin cumplir con lo prometido.
Investigación en curso
La Procuraduría General de la República informó que, tras su detención, Martínez será puesto a disposición del sistema judicial para dar continuidad a los procesos pendientes. Las autoridades indicaron que se le investiga por su posible vinculación con una red dedicada a la extorsión a través de medios digitales y por operaciones financieras irregulares.
El caso continúa bajo investigación, y se espera que en los próximos días se definan las medidas de coerción correspondientes.
