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Santo Domingo.- El diputado Aldo Adon solicitó ante el Hemiciclo la conformación de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar de manera exhaustiva todo el proceso administrativo y judicial relacionado con la posible instalación de un vertedero en el Distrito Municipal La Cuaba, comunidad que ha manifestado un rechazo absoluto a la iniciativa por considerarla una amenaza ambiental.
Durante su intervención, el legislador afirmó que llevó al Congreso “la voz de un pueblo que clama y exige ser escuchado”, destacando que los residentes de La Cuaba mantienen protestas pacíficas desde hace semanas bajo la consigna “No vertedero”, en defensa de su territorio. Explicó que esta lucha no es reciente, sino que se remonta a 2021, cuando la empresa interesada solicitó permisos al Ministerio de Medio Ambiente. Dichos permisos fueron negados en 2023 tras estudios técnicos y la oposición comunitaria. Sin embargo, la orden del Tribunal Superior Administrativo de revisar esa negativa ha generado alarma entre los habitantes.
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Adon subrayó que La Cuaba forma parte de la Loma de los Siete Picos, un ecosistema estratégico que alimenta humedales del río Ozama y provee agua dulce a amplias zonas del Gran Santo Domingo. “Colocar un vertedero en un ecosistema tan frágil sería una amenaza directa a la salud pública, al medio ambiente y a la seguridad hídrica de millones de dominicanos”, advirtió.
El diputado recordó además que introdujo un proyecto de ley para declarar la zona como distrito ecoturístico, en consonancia con una visión de desarrollo sostenible para la región. Aprovechó su intervención para hacer un llamado al presidente Luis Abinader, pidiéndole escuchar el clamor comunitario y evitar la imposición de un proyecto rechazado socialmente y cuestionado ambientalmente.
Adon insistió en que el país merece transparencia y decisiones ajustadas a la ley y al interés nacional. En ese sentido, reiteró su solicitud de crear una comisión especial que investigue desde la solicitud inicial del proyecto hasta las decisiones administrativas y judiciales que mantienen en incertidumbre a las familias de La Cuaba.
