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Santo Domingo.- El Frente Amplio reclamó al presidente Luis Abinader cumplir con lo dispuesto en el artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92) y en su Reglamento de Aplicación No. 139-98, cuyos artículos del 97 al 107 establecen la obligación de realizar un ajuste anual por inflación que preserve el valor real de los ingresos y evite que los asalariados carguen con una presión fiscal injusta.
La organización política recordó que la última indexación fue aplicada en el año 2017, y desde entonces, los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) permanecen congelados, pese a los continuos aumentos del costo de la vida.
“El Gobierno ha violado reiteradamente una disposición expresa de la ley, afectando directamente a los trabajadores y a las clases medias, cuyos salarios se han visto alcanzados por el impuesto sin que sus ingresos reales hayan mejorado”, subrayó.
El FA denunció que las alzas constantes en los precios de los alimentos, los medicamentos y los servicios esenciales están deteriorando aceleradamente las condiciones de vida de las mayorías nacionales, ya que la inflación acumulada desde 2017 supera el 45 %, pero los salarios y el umbral exento del ISR siguen congelados. Esto significa que miles de empleados pagan hoy impuestos por ingresos que apenas alcanzan para sobrevivir.
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La dirigente política calificó de inaceptable que el Gobierno reconozca públicamente la justicia de la indexación, como lo hizo el presidente Abinader y el Ministro de Hacienda Magín Díaz, y aún así la mantenga suspendida año tras año en las leyes de presupuesto.
“Cumplir con la ley no es una opción política, es una obligación del Estado. No puede hablarse de estabilidad macroeconómica si se sostiene a costa del empobrecimiento de las familias trabajadoras. Abinader y Magín Díaz confiesan que la indexación es ‘justa y necesaria’, pero siguen castigando el bolsillo del pueblo mientras protegen los privilegios empresariales”, dijo Cabrera.
Sostuvo que el debate sobre la indexación salarial y tributaria debe asumirse desde una visión de justicia social y no como un dilema fiscal, ya que el sacrificio no puede recaer siempre sobre los mismos sectores.
“Mientras las grandes exenciones a grupos empresariales continúan intactas, se penaliza el ingreso del trabajador que gana poco más de 34 mil pesos mensuales. La comida sube, los pasajes suben, las medicinas suben, pero el Estado se hace el ciego ante la realidad del pueblo trabajador”, afirmó la dirigente.
