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El Gobierno dominicano inició el proceso para la construcción de 10 nuevos centros penitenciarios, con una inversión estimada en RD$7,541,853,662.8, según informó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) al presentar la licitación el pasado jueves.
La medida forma parte del plan anunciado en septiembre de 2024 por Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, quien adelantó que se levantarían 25 cárceles en total con el objetivo de sustituir las actuales y trasladar a unos 20,300 reclusos.
De acuerdo con la resolución No. MIVHED/CCC/2025/196, aprobada el pasado 17 de septiembre por el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio, los fondos para esta primera etapa están incluidos en el Presupuesto General del Estado 2025.
Los centros estarán ubicados en Cabo Rojo (Pedernales), Neiba (Bahoruco), San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez), Cotuí (Sánchez Ramírez), Tábara (Azua), Piedra Blanca (Bonao), Vicentillo (El Seibo), Jaquimeyes (Barahona), Baní (Peravia) y Hato Mayor. En los casos de Bonao y Hato Mayor, serían las primeras cárceles construidas en esas localidades.
En cuanto a los costos y plazos de ejecución, la obra en Pedernales será la primera en iniciarse en 2025, con un presupuesto de RD$253,982,282.12 y un tiempo de construcción de 20 meses. Mientras que las cárceles de Neiba, Santiago Rodríguez, Hato Mayor y Azua tendrán un plazo de 24 meses, con presupuestos que oscilan entre RD$372 millones y RD$761 millones.
Por otro lado, las edificaciones en Cotuí, Bonao, El Seibo, Barahona y Baní tendrán plazos de ejecución de 30 meses y costos superiores a los RD$900 millones, alcanzando hasta RD$1,033 millones en el caso de Baní.
Los proyectos contemplan áreas específicas como farmacia, economato, comedor, áreas de visitas, aulas, biblioteca, lavandería, oficinas, celdas conyugales, baños y espacios de reuniones, entre otros.
Las empresas interesadas en participar en la licitación tienen hasta el 6 de noviembre de 2025 para depositar sus propuestas técnicas y económicas.
Asimismo, como parte del plan de modernización penitenciaria, se proyecta la instalación de bloqueadores de señales telefónicas en los nuevos recintos, con el propósito de reducir los delitos cibernéticos que se generan desde las cárceles. Estos equipos ya funcionan en cinco centros del país, aunque en algunos casos han presentado dificultades por la cercanía con zonas residenciales.
