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Santo Domingo.- El Departamento de Estado de Estados Unidos elaboró un informe sobre las prácticas de derechos humanos en el 2021 al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader y cita la demanda del diputado Sergio “Gory” Moya contra el detective Ángel Martínez como caso de penalización de la difamación y el insulto.
El informe que contiene 6 secciones en las que analiza diferentes casos ocurridos en ese periodo donde consideran se violaron los derechos humanos en República Dominicana, en el apartado 2 sobre el Respeto a las Libertades Civiles se indica que de forma general las personas y los grupos pudieron criticar al gobierno, aunque hubo incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa.
"El 10 de febrero, el legislador oficialista Sergio “Gory” Moya presentó una demanda contra el investigador privado Ángel Martínez, con sede en Miami, por presunta difamación e injuria. En agosto, un juez emitió una orden de arresto contra Martínez con base en acusaciones de violación de la ley de delitos de alta tecnología. Moya solicitó al tribunal que lo condenara a un año de prisión y le exigiera el pago de 10 millones de pesos (177.000 dólares) por daños y perjuicios", destaca el informe.
En ese sentido, señalaron que la ley penaliza la difamación y el insulto, con penas más severas para los delitos cometidos contra figuras públicas o estatales que para los delitos contra particulares. Además que la ley penaliza la difamación por declaraciones relativas a la vida privada de ciertas figuras públicas, incluyendo funcionarios gubernamentales y jefes de estado extranjeros.
"La concentración de la propiedad de los medios, las debilidades del poder judicial y la influencia política también limitaron la independencia de los medios", apunta el departamento de Estado.
Detención de Ángel Martínez en RD
Ángel Martínez, radicado en Miami, fue detenido el lunes 26 de mayo en Puerto Plata por las demanda que interpusieron el diputado Sergio Moya (Goris), del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el dirigente político Guido Gómez Mazara, por presunta difamación e injuria.
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Martínez ha señalado a Moya como un narcotraficante
El juez declaró en rebeldía a Martínez y sobreseyó el proceso en su contra hasta que comparezca ante el tribunal, ya que el investigador no se presentó a pesar de haber sido citado legalmente.
La querella de acción penal privada contra Martínez fue presentada por el legislador el 10 de febrero del 2021 a través de los abogados apoderados especiales Frank Reynaldo Fermín y Emmanuel.
