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Santo Domingo.- La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este viernes la apertura a juicio de fondo contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al considerar que existen suficientes elementos probatorios para que responda ante un tribunal por las acusaciones formuladas en el expediente del caso Calamar.
La decisión fue adoptada tras concluir la fase preliminar del proceso judicial, en la que el tribunal evaluó la acusación presentada por el Ministerio Público y los argumentos de las defensas de los imputados. Con el auto de apertura a juicio, la magistrada determinó que las pruebas presentadas ameritan ser debatidas en una etapa de juicio oral y público.
Según la acusación, Guerrero figura entre los principales señalados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría operado desde distintas instituciones estatales para gestionar pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y otros mecanismos que, según el órgano acusador, provocaron pérdidas multimillonarias al Estado dominicano.
Durante la lectura de la decisión, la jueza explicó que en esta fase no corresponde establecer culpabilidad o inocencia, sino determinar si las evidencias aportadas permiten sostener razonablemente la acusación en un juicio de fondo.
El Ministerio Público sostiene que la estructura investigada habría movilizado miles de millones de pesos mediante maniobras fraudulentas, incluyendo pagos irregulares, asociación de malhechores, desfalco, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos, entre otros delitos imputados a varios de los encartados.
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Por su parte, la defensa de Guerrero rechazó las acusaciones y argumentó durante la audiencia preliminar que las pruebas presentadas no demuestran la participación de su representado en los hechos atribuidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
No obstante, la magistrada concluyó que los elementos incorporados al expediente resultan suficientes para superar la fase intermedia del proceso y que las controversias planteadas por las partes deberán ser ventiladas durante el juicio de fondo.
El caso Calamar involucra a decenas de exfuncionarios y particulares acusados de formar parte de una presunta estructura que, de acuerdo con el Ministerio Público, habría generado un perjuicio económico superior a los 19 mil millones de pesos mediante pagos irregulares y otras operaciones ilícitas vinculadas a recursos del Estado.
