English
Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió Posponer para la 5:00 de la tarde de este miércoles la lectura de la sentencia del caso Antipulpo, tras varias horas de deliberación.
El juicio, considerado uno de los más relevantes en la historia judicial reciente del país, tiene como principales acusados a Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina, señalados por el Ministerio Público como cabecillas de una red de corrupción que habría desfalcado miles de millones de pesos al Estado.
La Operación Antipulpo se inició la madrugada del 29 de noviembre de 2020, bajo la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. El Ministerio Público acusa a los imputados de malversar más de 4,000 millones de pesos entre 2012 y 2020, durante el gobierno de Danilo Medina.
Además de los hermanos Medina Sánchez, figuran como imputados Fernando Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, Freddy Hidalgo y otros, sumando en total 27 personas físicas y 21 sociedades comerciales. La Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para Juan Alexis Medina, así como el pago de indemnizaciones millonarias al Estado.
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que el proceso ha sido una prueba de fuego para el sistema judicial dominicano, y subrayó la magnitud de la acusación presentada por el Ministerio Público. La acusación incluyó más de 90 testigos, alrededor de 36 pruebas materiales y un total de 2,000 documentos, con los que la Pepca busca demostrar la culpabilidad de los acusados.
Te puede interesar: Ministerio Público destaca contundencia de las pruebas en caso Antipulpo
De acuerdo con la representante del Ministerio Público, las evidencias presentadas son suficientes para que se impongan condenas que van desde 20 hasta 10 años de prisión, dependiendo del nivel de participación de cada imputado.
Este fallo es el primero en llegar a sentencia de los casos de corrupción iniciados en 2020 y podría recorrer todas las instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.
