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Santo Domingo.- Legisladores de oposición criticaron el proyecto de modificación al Código Procesal Penal, aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados, al considerar que la pieza otorga mucho poder al Ministerio Público lo que pudiera no garantizar un debido proceso justo.
El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Paz y el diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramon Raposo, mostraron descontento al indicar que el código fue trabajado de una forma acelerada y en lugar de corregir las fallas vinculadas al debido proceso y la actuación del Ministerio Público, lo aprobado lo que se hizo fue “positivizar” esas prácticas.
Mariotti Paz, uno de los cinco votos en contra de la iniciativa. consideró que o que el texto aprobado presenta un “desbalance evidente” que justifica la ineficiencia y la falta de capacidad para lograr condenas definitivas.
“Se hizo de manera muy rápida, yo creo que pudimos utilizar mejor el tiempo, lamentablemente y por eso este Código Procesal Penal hoy deja mucho que desear”, apunto el legislador peledeísta.
Recordó que se esperaba un Código Procesal Penal moderno y en sintonía con ese marco jurídico, que facilitara un acceso a la justicia más económico, más rápido y más expedito. “Ocurrió lo contrario”, dijo, asegurando que incluso se ignoraron sentencias del Tribunal Constitucional, provocando procesos más largos.
Señaló, asimismo, problemas en el acceso a la carpeta probatoria y aspectos preocupantes relacionados con la prisión preventiva, aunque destacó que se logró incluir un párrafo que establece que, una vez vencido el plazo fijado por el juez, la prisión preventiva cesa de manera inmediata y definitiva.
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De su lado, Raposo advirtió que este tipo de aprobaciones apresuradas genera descontento social y anticipó que el Congreso recibirá una avalancha de iniciativas para intentar modificar nuevamente un código que acaba de ser aprobado.
Debate sobre peritaje
La sesión alcanzó su punto de mayor tensión al debatirse el artículo 211, que regula la designación de peritos en los procesos judiciales. Durante la primera lectura, ese artículo fue alterado para retirar al Ministerio Público la facultad de nombrar expertos en la etapa preparatoria, una modificación que provocó fuertes discrepancias entre los legisladores.
El diputado Amado Díaz explicó sobre este aspecto que dicha facultad solo aplica en una primera fase, ya que una vez judicializado el proceso cualquier diligencia debe ser autorizada por un juez.
Para ilustrar su posición, Díaz citó como ejemplo el caso de una mujer víctima de violación. Señaló que es necesario extraer muestras biológicas de inmediato, antes de administrar retrovirales, para determinar si el agresor pudiera ser portador de VIH u otra enfermedad. Advirtió que, si en una situación así se exige esperar la autorización de un juez, el tiempo podría vencer y la prueba perdería efectividad.
La pieza que incorpora nuevos elementos que elevan a casi 500 los artículos de la normativa, debe retornar nuevamente al Senado de la República.
