miércoles, marzo 19, 2025
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Tribunal libera del arresto domiciliario a Lockward, uno de los acusados del caso Calamar

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Santo Domingo.- El abogado y escritor Ángel Lockward informó este miércoles que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el cese del arresto domiciliario que le impuso el tribunal.

Lockward, uno de los acusados por el Ministerio Público de ser parte de una presunta red de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos, calificó de "injusto" y "prolongado" su arresto domiciliario.

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"Lo primero que haré es visitar a mi madre y a mi hermano menor, quien está muy enfermo, luego iré con mi mujer y mis hijos a comer espaguetis por ahí y después visitaré a los tantos amigos que vinieron a casa a darme su apoyo", afirmó en sus redes sociales el político y exfuncionario.

En diciembre pasado, el tribunal acogió el desistimiento de los querellantes que habían sido clientes del abogado y que se habían constituido en parte civil.

El Ministerio Público acusa a Lockward de incrementar su patrimonio de "manera exorbitante" y que para supuestamente ocultar este crecimiento económico recurrió a actividades propias del lavado de activos, tales como el traspaso de la propiedad de dos inmuebles ubicados en Villa Hermosa, La Romana.

Entre los acusados en el entramado de corrupción figura, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, ex ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.

Entre los imputados de supuesta corrupción en el caso Calamar figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.

También, Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.

Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

El Ministerio Público imputa a estos y a otros acusados de presuntamente sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del año 2020.

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