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Santo Domingo.– La Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió este martes que, a doce años de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la medida ha incrementado la pobreza y profundizado la desigualdad en la República Dominicana, afectando a miles de dominicanos descendientes de migrantes que quedaron despojados del pleno reconocimiento de su nacionalidad.
En un comunicado, la organización señaló que la falta de acceso a documentos de identidad ha cimentado un ciclo de pobreza sistémica que se extiende por más de diez provincias, limitando el desarrollo económico y social de comunidades enteras.
“La persistencia de esquemas obsoletos y discriminatorios en la administración pública, basados en el origen y condición social de los dominicanos, niega oportunidades de progreso a las personas, sus familias y comunidades, y crea no solo ciudadanos, sino provincias de segunda categoría”, denunció la plataforma.
De acuerdo con DxD, los datos de pobreza monetaria publicados por el antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) respaldan estas afirmaciones. Las provincias más impactadas por la sentencia figuran entre las más pobres del país, con mayores tasas de desempleo, bajo nivel educativo y carencia de servicios básicos.
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La organización resaltó que la falta de una cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, desencadena una cadena de exclusión que impide a los afectados acceder a empleos formales, servicios de salud de calidad, afiliación al sistema de seguridad social y apertura de cuentas bancarias.
Además, alertaron que durante 2024 se han intensificado los operativos de detención basados en perfil racial, lo que genera un clima de incertidumbre y amenaza incluso para dominicanos que cuentan con sus documentos de identidad.
Aunque la Ley 169-14 buscó mitigar los efectos de la sentencia, DxD afirmó que miles de personas siguen atrapadas en un limbo por la parálisis administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP).
“Un caso particularmente preocupante es el de los 8,000 dominicanos que, habiendo agotado el proceso ante el MIP hace diez años, aún esperan la entrega de su documentación definitiva. La demora no solo frustra a los ciudadanos, sino que también desvaloriza la inversión pública, dando vueltas a un problema solucionable”, sostuvo la organización.
Ante este panorama, la plataforma llamó al gobierno a implementar políticas genuinas de inclusión y cumplir los compromisos pendientes.
“La lucha contra la exclusión documental es, en esencia, la lucha contra la pobreza y la inequidad. Es imperativo que el Estado dominicano cierre este círculo de exclusión y abra un camino real hacia la integración, garantizando los derechos plenos y el acceso efectivo a la ciudadanía para todos sus habitantes”, concluyó DxD.
