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Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este martes que respalda la decisión de la Comisión Especial de Diputados, de que sean sometidos a un juicio político los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas.
Así lo comunicó la dirigencia del partido, durante una rueda de prensa encabezada por por el presidente de la entidad política, José Ignacio Paliza y el dirigente Eddy Olivares.
“Como puede observarse en el informe presentado al pleno por la Comisión, los miembros de dicho órgano han incurrido en faltas graves que se han traducido en una absoluta pérdida de la credibilidad y capacidad de dicha institución para cumplir con las importantes y delicadas funciones de control que tiene a su cargo”, plantearon en su comunicado.
Asimismo, acusaron a partidos opositores de incentivar la situación que mantiene “inoperante a la Cámara de Cuentas”, enfatizando que quienes se oponen a un juicio político, se oponen a la transparencia.
“Condenamos las maniobras de obstrucción realizadas por parte de los partidos que se oponen al juicio político, con el único fin de perpetuar la impunidad. Resulta inexplicable que la oposición política prefiera que continúe la inoperancia y descrédito de un órgano del Estado fundamental para la transparencia y buen uso de los fondos públicos. Quienes se oponen al juicio político, se oponen a la transparencia”, agregaron.
La comisión de la cámara baja que investigó a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas los acusa de violar artículos de la Constitución de la República, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el Código Penal Dominicano, la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas y varios reglamentos de esa institución.
Los acusados son los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, quienes según los legisladores también incurrieron en la violación de los artículos 39, 69, 250 y 276 de la Constitución de la República.
Además los acusa de violación de los numerales e) y c) del artículo VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por la República Dominicana mediante la Resolución No.489-98, del 20 de noviembre de 1998.
