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Santo Domingo.- Por décadas, los gobiernos dominicanos han prometido sanear los ríos Ozama e Isabela. Hoy, sus aguas siguen teñidas de desechos, y sus riberas, atrapadas en la marginalidad, con miles de familias condenadas a vivir entre promesas y abandono.
Cada cierto tiempo, un decreto presidencial, un plan maestro o un acuerdo internacional reaviva la esperanza de ver al Ozama y al Isabela libres de basura, aguas residuales y casuchas en sus márgenes. Pero, como dicen los comunitarios, “ya nadie cree nada”.
El rescate de estas cuencas se ha convertido en un ritual político, con anuncios espectaculares, inversiones millonarias, firmas de convenios internacionales… y, finalmente, todo sigue igual.
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Las promesas se repiten gobierno tras gobierno. Para 1959 ya el Ayuntamiento del Distrito Nacional hablaba de reubicar en Los Mina a los residentes de Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga, pero la falta de seguimiento estatal provocó que, al poco tiempo, las zonas desalojadas volvieran a poblarse.
Una década después, entre 1968 y 1978, se levantó el proyecto habitacional Las Caobas para albergar a las familias desplazadas de la ribera. La iniciativa fracasó porque muchos beneficiarios vendieron sus viviendas y regresaron a los mismos barrios marginales, reproduciendo el círculo de pobreza.
El presidente Joaquín Balaguer también tenía un “Plan Maestro de Saneamiento del Río Ozama”, elaborado por la compañía francesa Sogreah, con una inversión prevista de 100 millones de dólares del Estado y el sector privado.
Este proyecto contemplaba la construcción de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en La Zurza, Simón Bolívar, Guachupita, Los Mina y la Ciudad Colonial. Ninguna de esas obras se materializó.
En 1991, el Plan de Acción para el Rescate del Río Ozama (PARR), creado por los ambientalistas Zoila González y William Gutiérrez, tampoco pasó del papel.
En los gobiernos de Balaguer y Leonel Fernández se creó Rescate Social Urbano y Ecológico de los Barrios Marginados de Santo Domingo (Resure), que pretendía desalojar a los moradores de las riberas, aunque en 1997 fue reformulado para enfocarse en el saneamiento y la reubicación de las familias en urbanizaciones integrales, con una inversión anunciada de 5,000 millones de pesos. El Plan Ciuga, impulsado por organizaciones comunitarias y ONG, buscaba lo mismo en Guachupita, Los Guandules y La Ciénaga, pero tampoco produjo resultados concretos.
En el año 2000, la Autoridad Portuaria Dominicana le puso un numero a la problemática al calcular que sanear el Ozama costaría 350 millones de dólares. Poco después, en el gobierno de Hipólito Mejía, la empresa Southern Cross presentó un proyecto de cuatro años por 445 millones de dólares que nunca llegó a ejecutarse.
Entre 2002 y 2006, con apoyo europeo, se desarrolló el Proyecto de Saneamiento Ambiental Básico en cinco barrios marginales, basado en microempresas comunitarias para la recolección de residuos sólidos. La iniciativa no logró sostenerse en el tiempo.
En 2005, el Programa de Acción Barrial formó parte del plan estratégico del Distrito Nacional 2005-2015, con el objetivo de mejorar el hábitat en los barrios de la cuenca, pero su impacto fue limitado.
A partir de 2011 surgieron nuevos planes, como la restauración de las cuencas altas del Ozama y Haina, concebida por el Ministerio de Medio Ambiente, y el Proyecto Turístico de Sans Soucí, presentado en 2013, que prometía transformar la ribera y la Zona Colonial. También nacieron iniciativas como Unidos por la Vida del Río y el proyecto Hábitat Saludable Sostenible, apoyado por la Unión Europea y varias ONG. Ninguno de ellos logró revertir la degradación.
Una de las pocas excepciones fue el proyecto Nueva Barquita, desarrollado bajo la administración de Danilo Medina, que reubicó a unas 1,600 familias en condiciones de mayor dignidad. Sin embargo, ese logro puntual no modificó la realidad estructural de las cuencas. Antes de concluir su gobierno, Medina también inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de La Zurza, con una inversión de 110 millones de dólares, considerada un paso relevante, pero insuficiente para atender la magnitud del problema.
En 2019, la alianza entre el Gobierno, el PNUD y la organización holandesa The Ocean Cleanup trajo al país el Interceptor 004, una embarcación diseñada para recolectar plásticos en el río. Tras más de dos años en operación, había retirado 220 toneladas de basura, una cifra significativa, pero irrisoria frente al volumen de desechos que el Ozama transporta cada semana.
De alta prioridad Ozama e Isabelita
La administración de Luis Abinader también ha intentado abordar el problema. En 2021 emitió el Decreto 360-21 que declaró de alta prioridad la rehabilitación de las cuencas.
Ahora acaba de firmar el Decreto 531-25, que asigna a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) la responsabilidad de coordinar un plan integral para regenerar física, urbana y ambientalmente las riberas. El decreto habla de participación comunitaria, reubicación digna y sostenibilidad. Sin embargo, en las comunidades, la reacción ha sido escéptica.
“Yo tengo 50 años viviendo en este mismo barrio y de mi casa para acá nunca han hecho nada por esto… No tenemos esperanza de eso”, manifestó Luis Alberto Valerio, residente en el Simón Bolívar.
El Ozama y el Isabela son hoy un espejo de la gestión pública dominicana, que multiplican los planes, las firmas de convenios internacionales y los decretos presidenciales, pero en la práctica, nada cambia.
Los niños siguen creciendo en entornos contaminados, las familias continúan levantando casuchas en terrenos inundables, y el río arrastra cada día toneladas de basura hacia el mar Caribe.
Y, mientras pasan los años, la acumulación de decretos y proyectos inconclusos se vuelve un archivo de promesas mojadas, que sostienen el mito de un rescate que nunca llega.
