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Santo Domingo.- Los contratos de alquiler en la República Dominicana han sido tradicionalmente informales y con poca regulación estatal. Sin embargo, desde agosto de 2022 se estudia en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca ordenar este mercado, especialmente en lo relativo a los procesos de desalojo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que se realizará una vista pública para recibir aportes de distintos sectores sobre la iniciativa.
El abogado inmobiliario Francisco Álvarez destacó que la ley intenta dar respuesta a problemas comunes como la demora en desalojar a inquilinos morosos.
“No es extraño que una persona deje de pagar y permanezca 12 o 18 meses en la propiedad, mientras el propietario no recupera el dinero perdido”, explicó Álvarez.
Entre los puntos clave del proyecto se encuentran:
• Artículo 15: Establece la obligación de que el depósito de garantía, junto con una copia del contrato, sea depositado en una entidad bancaria ubicada en el área del inmueble alquilado. Además, esta entidad debe notificar al Ministerio de Vivienda para fines estadísticos. Actualmente, estos depósitos se entregan al Banco Agrícola o se mantienen en custodia directa, pero la ley plantea involucrar a bancos comerciales.
Álvarez advierte que esta medida podría generar complicaciones burocráticas y legales:
“Los bancos podrían exigir documentación adicional y verse involucrados en disputas entre propietarios e inquilinos”, afirmó.
• Artículo 16: Indica que una vez el inquilino entregue la propiedad, el propietario debe autorizar sin demora el retiro del depósito de garantía.
• Artículo 17: Permite al propietario ejecutar un embargo retentivo sobre bienes o fondos del inquilino moroso, asegurando el pago de la deuda mientras se resuelve el conflicto judicial.
• Artículo 18: Define que los juzgados de paz serán competentes para casos de alquiler residencial, mientras que los tribunales de primera instancia atenderán alquileres comerciales o institucionales. No obstante, el proceso sumario contemplado se divide en dos audiencias, lo que podría prolongar los casos.Álvarez señala también que el proyecto limita la libertad contractual, imponiendo requisitos específicos en los contratos, lo que ha generado críticas.
“La ley debería respetar el libre acuerdo entre partes. Si alguien hace una mala negociación, esa es su responsabilidad”, comentó.
Actualmente, el Banco Agrícola tiene registrados más de 39,500 contratos de alquiler certificados, conforme a las leyes vigentes que protegen las garantías de ambas partes.
Sin embargo, obligar a usar bancos comerciales para estos depósitos podría complicar el proceso para quienes no son clientes bancarios.
“Si un banco rechaza un depósito, el inquilino tendría que acudir a otra entidad, lo que añade dificultad al trámite”, explicó Álvarez.
El proyecto sigue en discusión y puede ser modificado. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes buscan mayor regulación y protección para inquilinos y propietarios, y quienes temen que las nuevas normas generen burocracia excesiva.
“Es un buen esfuerzo, pero debe enfocarse en resolver las necesidades reales de los ciudadanos”, concluyó Francisco Álvarez.
