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Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que el sistema judicial dominicano, al igual que el de gran parte de América Latina y el Caribe, mantiene una “deuda histórica” con las víctimas de crímenes, al no garantizar de manera efectiva su protección ni una reparación oportuna de los daños sufridos.
Durante su participación en un panel de la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, Reynoso señaló que gran parte de la doctrina jurídica se ha centrado en salvaguardar los derechos fundamentales de los imputados, dejando en segundo plano los derechos de las víctimas.
“Si bien los acusados tienen derecho al debido proceso, las víctimas también deben ser protegidas en su rol dentro del sistema de justicia”, afirmó la procuradora, insistiendo en la necesidad de equilibrar ambos derechos.
Fiscalías comunitarias para acercar la justicia
Reynoso explicó que desde la Procuraduría General se han diseñado políticas para responder a las necesidades ciudadanas en función del mapa de criminalidad y las dificultades de acceso a la justicia. Como parte de esas medidas, destacó la creación de 24 fiscalías comunitarias, ya aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, que estarán ubicadas en las zonas con mayor vulnerabilidad.
“La justicia tiene que tener ese nivel de accesibilidad, que cualquier persona pueda llegar, incluso en chancletas, a pie, a una fiscalía”, expresó Reynoso.
Falta de reparación
La procuradora reiteró que en la región casi no se aplica la figura de la reparación, lo que priva a las víctimas de un derecho fundamental. “La justicia se fortalece cuando se toma en cuenta el debido proceso para todos los involucrados”, sostuvo.
El panel, moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental, también contó con la participación de Juan Carlos Astúa Jaime, director para Costa Rica del National Center for State Courts, y de Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
