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El reciente fallo de "no ha lugar" a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta vuelve a colocar bajo escrutinio al Ministerio Público. Durante años, este expediente fue presentado como uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país, acompañado de ruedas de prensa, titulares impactantes y una narrativa que parecía anticipar condenas antes de que los tribunales evaluaran las pruebas. Sin embargo, la justicia no funciona sobre percepciones ni sobre el peso de las acusaciones mediáticas; funciona sobre evidencias capaces de sostener una acusación en los tribunales.
La lucha contra la corrupción exige algo más que discursos contundentes. Exige investigaciones rigurosas, expedientes sólidos y pruebas que resistan el análisis judicial. Cuando un caso de tan alto perfil encuentra obstáculos por insuficiencia probatoria, la discusión no puede limitarse a la situación de los imputados. También debe alcanzar a quienes tuvieron la responsabilidad de construir y sustentar la acusación. Porque una investigación débil no fortalece la justicia; la debilita.
Lo preocupante es que en los últimos años parece haberse consolidado una tendencia donde la condena mediática llega mucho antes que la judicial. Los imputados son expuestos ante la opinión pública como culpables mientras los procesos apenas comienzan, creando expectativas que luego chocan con la realidad de los tribunales. Cuando las pruebas no alcanzan para sostener la narrativa previamente construida, el resultado no solo afecta el caso particular, sino que también golpea la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para combatir la corrupción de manera efectiva.
La justicia necesita fiscales que acumulen evidencias, no titulares; investigaciones que produzcan sentencias, no tendencias. Porque al final, la fortaleza de un Ministerio Público no se mide por la magnitud de sus acusaciones ni por el impacto de sus ruedas de prensa, sino por su capacidad de presentar casos que sobrevivan al escrutinio judicial. Cuando la comunicación parece más robusta que las pruebas, la justicia corre el riesgo de convertirse en un espectáculo donde la percepción intenta ocupar el lugar de los hechos.
