Santo Domingo.- El Gobierno de Luis Abinader lo ha hecho una y otra vez en medio de las controversias que han generado varios proyectos de ley sometidos por ante el Congreso Nacional: recular.
Algunos analistas entienden que estas decisiones dejan ver que la actual administración gubernamental ha estado dando «palos a ciegas» o «tanteando a la gente»; sin embargo, desde el Palacio Nacional resaltan que las mismas muestran el «carácter democrático del Gobierno y la disposición del presidente en responder positivo al reclamo del pueblo».
Lo cierto es que, de una u otra forma, estos controversiales anteproyectos han encrespado a distintos sectores del país.
El más reciente es el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que buscaba proteger los derechos de las víctimas de trata, pero recibió cuestionamientos por sectores que entienden que abre las puertas a que los inmigrantes ilegales haitianos puedan permanecer en la República Dominicana.
De acuerdo a los datos, su reintroducción se hará en un plazo no mayor a los 45 días.
En ese sentido, para tranquilidad de los ciudadanos, aclararon que el gobierno del presidente Luis Abinader no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos ilegales afectados por la inestabilidad política en Haití.
Proyecto de ley contra la ciberdelincuencia
En junio del 2022, el presidente Luis Abinader instruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de Ley contra la ciberdelincuencia, el cual sancionaría a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.
El propósito de esa iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos.
Pero, de acuerdo a sus críticos, el proyecto contenía aspectos que atentarían contra derechos y medios de comunicación. Incluso, estaría cercenando la libertad de expresión en la República Dominicana, como advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Específicamente el inciso 2, del artículo 10 de la propuesta indicaba que será considerada intromisión ilegítima: “La captación, reproducción o publicación vía fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en medios de comunicación, medios digitales, redes sociales o cualquier otro mecanismo de divulgación, con el interés de hacer daño”.
Adenda para reformular el Presupuesto del Estado 2022
El Gobierno quería hacer recortes al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la Educación, en el proyecto de ley de presupuesto complementario 2022, intención que de inmediato levantó un amplio rechazo de diversos sectores de la sociedad.
El Poder Ejecutivo justificó el depositó ante la Cámara de Diputados de una adenda al proyecto de ley para reformular el Presupuesto del Estado 2022, donde se incluyeron nuevos aumentos para la Educación Superior y la Cultura.
En un comunicado, el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, explicó que, además de respetar el 4% y los aumentos realizados este año, la adenda incluía un nuevo aumento, de RD$1,390 millones para la educación superior y RD$484 millones para la cultura.
El 14 de septiembre fue aprobado el presupuesto y la adenda fue dejada sin efecto, de algo más de 4,000 millones de pesos de la partida asignada al Ministerio de Educación.
Fideicomiso Punta Catalina
Un tema que le generó un mal sabor al gobierno fue el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina. En enero del 2022, Abinader anunció que solicitaría al Senado de la República posponer el conocimiento del mismo.
En una alocución de no más de siete minutos, el mandatario dijo que tras haber escuchado la diversidad de opiniones respecto al contrato de fideicomiso para Punta Catalina, decidió pedir al Senado detener su conocimiento.
Durante su intervención dejó claro que mientras sea el mandatario del país las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas. Después de esa instrucción del mandatario, el tema quedó relegado y no se ha vuelto a tocar en ninguna instancia.
En ese sentido, a través del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, precisaron que la intención era buscar preservar y optimizar la inversión, la administración, la operación y la fuente de pago de las plantas, lo cual no constituye una privatización.
Impuestos a servicios en el proyecto de presupuesto del 2021
La primera vez que el Gobierno tuvo que recular fue el 9 de octubre de 2020, luego de las críticas que generó el proyecto de Presupuesto del 2021, que incluía impuestos a diversos servicios. Ante las críticas, el gobernante habló al país en menos de 48 horas.
La pieza contemplaba colocar impuestos a, al menos, 8 elementos del aparato productivo; gravar el salario de Navidad, cobrar un 3 por ciento a las compras realizadas en moneda extranjera con tarjetas de crédito e imponer el mismo porcentaje al uso de servicios digitales.
Luego del rechazo generalizado al plan de reforma fiscal que el gobierno nunca formalizó, Abinader habló al país posteriormente tras otro intento que también resultó infructuoso ante la opinión pública para informarle que no sometería ningún proyecto.
El eslogan que se hace eco ante las acciones de reversa es «el gobierno que escucha», pero la oposición no deja de destacar la «inexperiencia, carencia en gestión y administración» que para ellos es evidente en esos «desaciertos».
Es por eso que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al cumplirse el primer año de Gobierno expresó que «El cambio va en reversa». El secretario general de esta organización, Charlie Mariotti, criticó la «improvisación e incumplimiento de promesas».
