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El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó al Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, someter una reforma a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), partiendo de que resulta inconstitucional obligar a los ciudadanos entregar información sin una orden judicial.
A través de un comunicado de prensa, la organización establece que los agentes del DNI no poseen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, estando o no la referida Ley.
“De hacerlo estarían violentando el derecho fundamental a la intimidad, por lo que cualquier interpretación o acción contraria sería inconstitucional”, indició la entidad.
Además, señaló que la ley debe ser reformada para que sea incluida la obligación de obtener la autorización de un juez al momento de requerir alguna información.
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“La Ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes”, comunicó la organización.
También, externaron sentirse convencidos de que el Tribunal Constitucional (TC), dará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.
Participación Ciudadana pidió que sean revisados los artículos 11, 26 y 30 de la Ley, con el propósito de que sea esclarecido que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa.
