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El Salvador cumple este sábado cinco años de las elecciones presidenciales de 2019 que generaron un terremoto político en el país centroamericano y llevaron al poder a Nayib Bukele, quien el domingo se presentará a la reelección a pesar de la prohibición constitucional.
El domingo 3 de febrero de 2019, Bukele ganó los comicios con el 53 % de los votos válidos y una ventaja aplastante sobre sus contendientes, resultado electoral que cerró un período de 30 años de dominio de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Bukele, quien se alió con el partido de extrema derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) para competir, capitalizó, a pesar de su pasado político en el FMLN, el hartazgo de la ciudadanía.
Expulsado en 2017 del FMLN, la exguerrilla convertida en partido tras el final de la guerra civil (1980-1992), Bukele tuvo como principal arma política sus mordaces críticas a ambos partidos, a los que llamó "los mismos de siempre", por los casos de corrupción ligados a sus administraciones.
Arena, que gobernó entre 1989 y 2009, pagó en las urnas los escándalos de corrupción atribuidos a sus expresidente Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009).
Flores falleció en 2016 antes de enfrentar un juicio por la supuesta malversación de 10 millones de dólares donados por Taiwán, y Saca confesó en un juicio exprés, para tener una pena leve, haber desviado y lavado más de 300 millones de fondos estatales mediante sus empresas.
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De igual manera, el FMLN purgó también las acusaciones contra Mauricio Funes (2009-2014), el primer presidente de la izquierda tras el final de la guerra, de la malversación de más de 351 millones.
La asunción de Bukele fue apenas la segunda alternancia en el Ejecutivo en El Salvador después de que se firmó la paz en 1992.
En su toma de posesión, el 1 de junio de 2019, Bukele dijo que se cerraba así la posguerra y comenzaba un mandato que hasta mayo de 2021 estuvo marcado por sus enfrentamientos con el Congreso, en esa época de mayoría opositora, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En febrero de 2020, Bukele levantaría las alarmas internacionales tras ingresar en el edificio del Congreso con policías y soldados armados con fusiles de guerra para presionar, según reconoció él mismo, por un préstamo.
El terremoto político se extendió hasta los comicios de marzo de 2021, cuando la popularidad de Bukele le granjeó al partido Nuevas Ideas, que no se pudo inscribir en 2019 y es dirigido por uno de sus primos, la mayoría en el órgano Legislativo.
En estas elecciones Arena y el FMLN se quedaron sin influencia en el Parlamento y significó también el inicio del camino a la reelección.
En su primer día de trabajo, esta Legislatura de mayoría oficialista destituyó sin seguir el proceso legal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró a otros abogados, entre ellos asesores del Gobierno y letrados vinculados con altos funcionarios de Bukele.
Con los meses, estos jueces emitirían un auto, que de acuerdo con expertos no debe tener efectos generales, en el que cambiaron la interpretación de la Constitución para abrir el camino a la reelección inmediata de Bukele.
La entonces encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes, calificó esta decisión de ser contraria a la Constitución y dijo que los magistrados, que posteriormente fueron incluidos en una lista de "actores corruptos y antidemocráticos", eran "leales" al Ejecutivo.
En marzo de 2021, Bukele afirmaba en una entrevista con dos youtubers mexicanos que la reelección inmediata en El Salvador no era permitida.
La popularidad de Bukele, de acuerdo con las encuestas, se sostiene principalmente por sus avances en seguridad al lograr sostener y acentuar la disminución de los homicidios que comenzó en 2016 y arrebatar, de acuerdo con las autoridades, el control de los barrios populares a las pandillas.
Hasta 2015,El Salvador fuera considerado uno de los países más violentos del mundo, con 103 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes, un dato que ha ido cayendo hasta los 2,4 de 2023, convirtiendo al país en el más seguro de Latinoamérica, de acuerdo con el Gobierno.
Un régimen de excepción aprobado por el oficialismo en el Congreso a petición de Bukele ha dejado más de 76.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre unas 220 muertes de detenidos, desapariciones de corto plazo y torturas.
