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Santo Domingo. – Han pasado más de cuatro meses desde que la Contraloría General de la República anunció que tenía listas para publicación 39 auditorías realizadas entre 2023 y 2024. La promesa, hecha en enero por el contralor Félix Santana García, formaba parte de un supuesto “impulso histórico a la transparencia”. Sin embargo, desde septiembre de 2023 no se ha publicado ningún nuevo informe.
De las 206 auditorías que dice haber realizado la Contraloría en dos años, solo dos han salido a la luz: una al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y otra a la Fuerza Aérea Dominicana. Sus hallazgos expusieron un patrón de irregularidades que va desde el pago de salarios a personas inexistentes, contratos sin respaldo legal y activos desaparecidos, hasta combustibles distribuidos sin control ni supervisión. Si eso es lo que se reveló, ¿qué contienen los informes que permanecen bajo llave?
Transparencia prometida, pero no cumplida
Según datos oficiales, de las 206 auditorías realizadas, 123 informes fueron elaborados por la Unidad Antifraude. De estos, 39 estaban listos para ser publicados en enero. No obstante, actualmente hay 33 informes terminados pero sin divulgar, 67 en proceso y 28 más orientados a gobiernos municipales.
Pese al volumen, el resultado práctico es escaso: no hay responsables identificados, sanciones aplicadas ni reformas institucionales visibles. La ciudadanía no ha tenido acceso a la información prometida y la rendición de cuentas sigue siendo una deuda pendiente.
La Cámara de Cuentas: de vigilante a protagonista del escándalo
La otra institución encargada de velar por el buen uso de los fondos públicos también atraviesa su propia tormenta. La Cámara de Cuentas enfrenta una grave crisis interna que amenaza con desembocar en un juicio político contra sus cinco miembros: Janel Ramírez Sánchez, Elsa María Cataño, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa María Peña Peña.
Un informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados concluye que los actuales titulares incurrieron en faltas graves como la manipulación de informes, la usurpación de funciones y el uso indebido de fondos públicos. Además, el presidente Janel Ramírez habría archivado al menos diez auditorías con hallazgos penales sin presentarlas al Pleno.
Elsa Cataño firmó actas alteradas y lideró sesiones ilegales. Tomasina Tolentino participó en nombramientos fuera de su competencia. Mario Fernández avaló pagos sin sustento, y Elsa Peña favoreció contrataciones y movimientos de personal de forma discrecional. Todo esto en medio de una gestión marcada por tensiones internas, audios filtrados y documentos extraviados.
Según el informe legislativo, la Cámara de Cuentas apenas ejecutó el 15 % de las auditorías previstas para 2021-2022 y dejó sin utilizar más de 1,200 millones de pesos. De ellos, 500 millones permanecieron en un certificado financiero generando intereses, mientras la institución fallaba en su rol de fiscalizar.
Informes que sí se conocieron: CESTUR y Fuerza Aérea
En el contexto del juicio del caso Coral 5G, las auditorías cobraron nueva relevancia como herramientas claves en la lucha contra la corrupción. Fue gracias a informes patrimoniales que se documentó un incremento injustificado en los bienes del general Boanerges Reyes Batista, imputado en la operación, junto al exdirector del CESTUR, Juan Carlos Torres Robiou.
El informe del CESTUR reveló que:
- 21 personas cobraban salarios sin nunca haber trabajado en la institución, generando una pérdida superior al millón de pesos anuales.
- El director de inteligencia, Roberto Acevedo Tejada, recibió pagos mensuales por más de un millón de pesos sin documentación que los respaldara.
- Se entregaron más de 21 millones de pesos en combustible, con un exceso legal de más de 600 mil pesos.
- Un contrato con Global Investment and Business Bridimar SRL fue pagado en violación a los términos de referencia.
- Empleados de la institución figuraban como proveedores, en claro conflicto de intereses.
En la Fuerza Aérea, las irregularidades fueron incluso más alarmantes:
- 211 vehículos institucionales no tienen paradero conocido.
- 54 aeronaves no están registradas correctamente.
- 23 terrenos ocupados no tienen documentación legal que justifique su uso.
- Una cuenta bancaria operaba fuera del sistema de Cuenta Única del Tesoro, moviendo más de 4 millones de pesos.
- Pagos por servicios de inteligencia por 48 millones de pesos carecen de respaldo documental.
- Empresas relacionadas entre sí se beneficiaron de licitaciones por más de 30 millones.
¿Qué más falta por destapar?
Los pocos informes conocidos dejan ver un patrón de irregularidades reiteradas en instituciones clave. Y mientras otros informes siguen archivados o bloqueados, las preguntas se multiplican: ¿qué más esconden las auditorías no publicadas? ¿Por qué no se actúa frente a los hallazgos ya conocidos? ¿Quién responderá ante la falta de consecuencias?
La transparencia, por ahora, sigue en pausa.
Por Angie Mateo
