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Asentamiento de haitianos crece en Santiago frente a la indiferencia de las autoridades

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Santiago.– Un asentamiento informal, compuesto por decenas de viviendas levantadas por ciudadanos haitianos a orillas del río en la comunidad Pueblo Nuevo, del distrito municipal Canca la Piedra, en el municipio de Tamboril, ha generado alarma entre los residentes de la zona por los niveles de contaminación y la aparente indiferencia de las autoridades locales.

Los comunitarios comparan el crecimiento del asentamiento con el de Friusa, en Bávaro, y aseguran que la presencia masiva de extranjeros, en su mayoría haitianos, ha provocado un cambio en la composición poblacional. “Lamentablemente, en este pedazo que estamos, lo pueden ellos doblar a los dominicanos”, expresó el dirigente comunitario Alexis Espinal, en alusión al predominio numérico de los haitianos.

Leer más: Denuncian despidos masivos de perremeistas en Santiago

Dulce María Ureña, otra residente de Pueblo Nuevo, manifestó su preocupación ante un eventual conflicto: “Aquí hay pocos dominicanos y más haitianos. Si se presenta un problema, ellos llevan la de ganar”, advirtió.

Los residentes hacen un llamado urgente a la Dirección General de Migración para que intervenga y tome las acciones necesarias, especialmente con aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran en condición de indocumentados.

Además del componente migratorio, los comunitarios denunciaron el deterioro ambiental de la zona, producto del hacinamiento, la construcción desordenada y la acumulación de desechos en el río que atraviesa Canca la Piedra.

El concejal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Sánchez, afirmó haber expuesto esta problemática en varias ocasiones ante la sala capitular sin obtener respuesta de las autoridades municipales. Los vecinos también solicitaron la intervención de las oficinas provinciales del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de evitar un desastre ecológico y social mayor.

De acuerdo con las leyes 368-22 y 176-07 sobre el uso de suelo y organización municipal, los ayuntamientos tienen la obligación de controlar las construcciones ilegales y garantizar el ordenamiento territorial. Sin embargo, hasta el momento, los residentes aseguran que no han visto ninguna acción concreta para enfrentar la situación.

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