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Santo Domingo.- La diputada Gabriela María Abreu Santos, representante de La Vega, sometió esta semana ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca establecer el Sistema Nacional de Consulta, Registro y Denuncia de Precios (Sirepreco), una plataforma pública y gratuita que obligaría a los establecimientos comerciales de República Dominicana a registrar y actualizar de forma periódica los precios de productos de consumo masivo.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 154 legisladores oficialistas y de oposición, pretende combatir la especulación, fortalecer la fiscalización estatal y garantizar el derecho de los consumidores a acceder a información veraz y oportuna.
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La pieza legislativa que fue remitida a estudio a la Comisión Permanente de Industria y Comercio esta semana tiene como propósito garantizar el acceso ciudadano a información veraz y actualizada sobre los precios de productos de consumo masivo, así como permitir la denuncia de irregularidades comerciales. El sistema permitirá consultar, comparar y reportar precios desde una aplicación móvil, una página web o quioscos en espacios públicos.
Entre los objetivos de este nuevo sistema denominado por este proyecto de ley como “SIREPRECO” figuran prevenir prácticas especulativas, fortalecer la fiscalización estatal y facilitar la formulación de políticas públicas mediante alertas tempranas sobre fluctuaciones de precios. La herramienta estaría bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
Actualmente existen dos iniciativas de este tipo, por un lado está el “Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 2.0)” de Pro Consumidor y otro lado el Ministerio de Industria y Comercio, tiene activa la plataforma “Precios Justos”, que para los proponentes tienen escasas cobertura geográfica, bajo nivel de promoción, falta de actualización frecuente de precios, baja integración con otras entidades públicas y comercios locales, como además una interfaz poco amigable para usuarios de diferentes niveles socioeconómicos y tecnológicos.
Al consultar ambas plataformas de manera digital este viernes 20 de junio, con productos como carnes y huevos, pudimos contactar que el sistema de Pro Consumidor está desactualizado desde el año 2023, mientras que la herramienta Precio Justos del MICM tiene precios más recientes, pero no indica fechas. Si plantea que los precios de los productos contenidos en la aplicación son actualizados semanalmente, y que los mismos corresponden a un monitoreo de precios realizado entre el lunes y jueves de cada semana y actualizados en la aplicación cada viernes por este ministerio.
Otra diferencia con estas plataformas que plantea el proyecto es exigir de manera mandatoria información a los proveedores, realizar inspecciones, y garantizar mecanismos de reclamación y denuncia. Igualmente el proyecto contempla sanciones para los establecimientos que incumplan con el registro o manipulación de precios.
Para la diputada Abreu Santos, la falta de un marco legal que obligue a los proveedores de bienes y servicios a registrar y actualizar periódicamente sus precios ha limitado gravemente la efectividad de las herramientas actuales. A su juicio, estas plataformas han quedado reducidas a simples mecanismos referenciales que no reflejan con precisión ni en tiempo real el comportamiento del mercado nacional, debilitando así su utilidad tanto para los consumidores como para la formulación de políticas públicas.
