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En la vista pública para el proyecto de ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, organizada por la Cámara de Diputados este jueves, los diversos sectores sociales y empresariales que participaron coincidieron en críticas al proyecto, que busca actualizar el marco normativo que regula los contratos de alquiler de viviendas y locales comerciales en la República Dominicana.
Entre los participantes destacaron el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación Dominicana de Fiduciarias y el Colegio Dominicano de Notarios, entre otros.
En su mayoría coincidieron en que hay un desbordamiento de los objetivos de la pieza legislativa cuando trata de regular al mismo tiempo los alquileres para fines de vivienda, para fines comerciales y para entidades sin fines de lucro, lo cual plantean debe hacerse por separado, por los riesgos y garantías que se presentan en cada caso.
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Entre otros elementos que generan malestar están los plazos que la propuesta plantea para dirimir los conflictos que se dan en los procesos de alquileres en la justicia, que van de dos a tres años; los ajustes de los precios para la renta; la regulación para los contratos verbales; y el impacto de la legislación en los fondos de inversión.
El presidente de esta comisión especial, el diputado Amado Díaz, planteó tras concluir la sesión de la vista pública que los legisladores van a analizar y ponderar cada una de las propuestas que hicieron tanto los ciudadanos independientes como las organizaciones e instituciones que asistieron, sin menoscabo de si son más grandes o más pequeñas.
La Comisión Especial está integrada por los diputados Amado Díaz, Jorge Tavárez, Mayobanex Martínez, Onabel Aristy, Rosendy Polanco, Ydenia Doñé, María de los Ángeles Rodríguez, Wandy Bautista, Indira de Jesús, Luis Gómez Benzo, Mélido Mercedes, Elías Wessin Chávez, Carlos Pérez, Olfanny Méndez y Rogelio Alfonso Genao Lanza.
El proyecto busca derechos y obligaciones para propietarios e inquilinos, regula el precio del alquiler, duración del contrato, depósitos, subarriendos y procedimientos de desahucio. Además, asigna competencia a los juzgados de paz, incorpora mecanismos de conciliación y ejecución de sentencias, establece sanciones y deroga normativas anteriores para actualizar el régimen vigente.
