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Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó en primera discusión el controvertido proyecto del nuevo Código Penal dominicano, el cual excluye nuevamente la despenalización del aborto en las tres causales, a pesar de la amplia demanda social para su inclusión.
Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la decisión legislativa, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos fundamentales, especialmente para las mujeres.
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La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, manifestó que el proyecto aprobado no solo deja fuera las tres causales —un punto central en la agenda de derechos humanos— sino que también incorpora elementos que debilitan la lucha contra la corrupción y afectan la participación ciudadana.
“Justamente estamos ponderando lo presentado, que no es solamente el tema de las tres causales. Es un tema central de participación. Pero también hay otros aspectos que inciden en los niveles de lucha contra la corrupción”, señaló Blanco.
Desde la organización cívica han reiterado que aspiraban a un Código Penal moderno, que garantizara derechos y respondiera a las necesidades del país. En ese sentido, lamentan que temas cruciales hayan sido ignorados o tratados con superficialidad.
“Inmediatamente sabemos que las tres causales visibilizan a las mujeres como sujetas de derechos. Hemos luchado, hemos marchado, explicándole a la sociedad dominicana qué significan las tres causales y por qué es importante esa visibilización”, afirmó.
Blanco también sostuvo su preocupación por el mantenimiento de la prescripción en los casos de corrupción, cuando lo esperado era que estos delitos fueran imprescriptibles. A su juicio, el proyecto aprobado va en la dirección contraria a los esfuerzos por garantizar justicia.
“La prescriptibilidad en casos de corrupción es un tema central. Nosotros aspirábamos a que estos casos no prescribieran, pero lo que se aprobó es todo lo contrario”, lamentó.
Otro aspecto cuestionado por Participación Ciudadana es la exención de responsabilidad penal a los partidos políticos, al Estado, a los municipios y a los ayuntamientos, lo cual —según Blanco— debilita la transparencia y perpetúa prácticas corruptas.
“Sabemos que la corrupción muchas veces inicia desde esos espacios. Aspirábamos a un mayor nivel de transparencia y lo que tenemos es un retroceso.”
Blanco concluyó que, tras más de dos décadas de lucha por una reforma penal integral, lo aprobado representa un Código Penal anacrónico, que vulnera derechos fundamentales, invisibiliza a las mujeres y limita las herramientas para combatir la corrupción.
