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Santo Domingo.– Luego de que el juez Rigoberto Sena impusiera arresto domiciliario como medida de coerción contra los imputados en la red de sobornos desmantelada mediante la Operación Lobo, el procurador adjunto Wilson Camacho advirtió que el caso no ha terminado y que podrían venir nuevas acciones judiciales:
“La dinámica de pagos de sobornos en la contratación de seguridad en las instituciones públicas es más de lo que hemos presentado en el día de hoy. Y nosotros, y eso se lo puedo asegurar desde aquí, vamos a ir por todo y no descartamos la realización de un Lobo 2.0”, dijo.
Durante sus declaraciones, Camacho también resaltó tres puntos clave: todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad; el tribunal declaró la complejidad del caso; y, pese a que el Poder Judicial promueve los acuerdos en teoría, las decisiones emitidas podrían desalentar futuras colaboraciones.
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“Desde el Poder Judicial se predica en la teoría, en el discurso, la necesidad de que haya más acuerdos en el proceso penal, pero desde la práctica se envían decisiones contradictorias y que podrían desincentivar la realización de acuerdos por parte del Ministerio Público”, señaló.
No obstante, el titular de la PEPCA aseguró que continuarán promoviendo acuerdos con quienes colaboren con la investigación.
“Nosotros lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica y lo vamos a seguir haciendo. En la medida en que las personas cooperen con la investigación, les seguiremos dando el mismo tratamiento”, manifestó.
Entre los que colaboraron con la investigación se encuentran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, dueño de la empresa SENASE; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exgerente de seguridad de Edenorte; el coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos.
En tanto lo que no colaboraron fueron el general retirado Julio César Hernández Olivero, exdirector de Seguridad Militar de Edeeste; el también general retirado Rafael Vásquez Espinal, vinculado a irregularidades en contratos con Edesur; el coronel del Ejército Kelvin Rafael Mejía Hernández; el capitán de la Policía Wilfredo Méndez Abreu; y el empresario José Miguel Acosta Matos, relacionado con la empresa SENASE.
Según el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), estos imputados formaban parte de una estructura que pagaba y recibía sobornos para obtener y mantener contratos en instituciones estatales como Edenorte, Edesur, Edeeste, Senasa e Inaipi.
