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Santo Domingo.– El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) exhortó al Gobierno y a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina a asumir con responsabilidad las conclusiones del informe final del Consejo Económico y Social (CES) sobre la crisis haitiana.
Esta articulación de organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil subrayó que la política migratoria dominicana debe construirse desde los derechos humanos y no desde el miedo ni el ultranacionalismo. Al tiempo de reconocer el esfuerzo del CES, advirtieron que su impacto dependerá de la capacidad del presidente Luis Abinader y de los actores políticos de convertirlo en acciones concretas.
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“La migración no puede seguir tratándose sólo como un problema de seguridad nacional, sino como un fenómeno humano y social que requiere reglas claras, respeto a la dignidad y medidas que fortalezcan, no debiliten, la economía del país”, indicó el colectivo.
Deportaciones y derechos
El colectivo denunció que las deportaciones masivas ejecutadas en los últimos meses violan compromisos internacionales asumidos por República Dominicana. “El respeto al debido proceso y la prohibición de expulsiones colectivas son obligaciones legales, no concesiones. Nadie debe ser deportado sin que se individualice su caso y se respeten sus derechos básicos”, puntualizaron.
Además, insisten en que el mecanismo más responsable y provechoso para ordenar la migración en el país es la regularización de las personas extranjeras. “Solo un proceso de regulación permitirá conocer con certeza quiénes residen en el país, garantizar información confiable para las autoridades y asegurar que las personas migrantes contribuyan al sistema de seguridad social, en correspondencia con los servicios que reciben mientras trabajan en el territorio dominicano”, sostuvo el colectivo.
El CMDH afirmó que sin regulación no habrá verdadero control, y advirtió que los enfoques represivos únicamente generan más desorden, corrupción y vulnerabilidad.
Salud y derechos fundamentales
La organización calificó de inadmisible la práctica de enviar a la policía migratoria a hospitales públicos, al considerar que constituye “una absoluta violación” del derecho humano fundamental a la salud.
“Los servicios de salud no pueden convertirse en espacios de persecución. La dignidad y la vida están por encima de cualquier estatus migratorio. El Estado tiene la obligación de garantizar atención médica sin discriminación ni hostigamiento”, enfatizan en su comunicado de prensa.
Control y transparencia
El CMDH también planteó la creación de un sistema de registro y control civil bajo el Ministerio de Interior y Policía para la identificación de personas migrantes. Además, propuso mecanismos de supervisión que prevengan la corrupción en la frontera y en los puntos de control migratorio, junto con sanciones efectivas contra funcionarios y civiles involucrados en redes de trata y tráfico de personas.
De igual manera, reiteran la necesidad de una política migratoria moderna y transparente, basada en un registro confiable y público que ofrezca datos reales sobre la población migrante, precisando que una política efectiva no debe sacrificar la productividad en sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, dependientes de la mano de obra extranjera.
Exmandatarios y seguimiento al CES
El CMDH valoró las posturas de los expresidentes: Fernández al proponer un comité de veeduría, Mejía al advertir sobre el riesgo de que el informe quede en “letra muerta” y Medina al definirlo como una hoja de ruta.
Sin embargo, recalcó que las declaraciones no son suficientes. “El compromiso real con la democracia y los derechos humanos se mide en la implementación de políticas públicas, no en discursos. Gobierno y expresidentes deben garantizar que lo acordado en el CES se convierta en una política migratoria justa y transparente”, sostuvo el colectivo.
Llamado a la sociedad civil
El Colectivo Migración y Derechos Humanos anunció que se mantendrá vigilante y convocó a la sociedad civil, a los organismos internacionales y a los sectores productivos a exigir que las conclusiones del CES se traduzcan en una política migratoria que garantice derechos, transparencia y sostenibilidad económica, lejos de las posturas xenófobas y excluyentes.
