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La Romana.- Compradores y copropietarios de un proyecto de 400 viviendas en la provincia La Romana denunciaron un supuesto atropello “pseudojurídico” que ha impedido que cientos de familias trabajadoras que compraron sus casas puedan recibirlas.
La situación, además, ha obligado a la empresa a detener por completo sus operaciones, dejando a empleados, obreros y suplidores en una situación económica y laboral crítica.
Explicaron que un conjunto de maniobras judiciales abusivas e improcedentes, completamente al margen de la ley, ha arrastrado a Inmobiliaria Don Juan a un proceso privado del cual no forma parte. Afirmaron que esas acciones emprendidas por personas acostumbradas a usar los tribunales como herramientas de presión, han sido declaradas por varios tribunales como litigantes temerarios.
Las familias afectadas son, en su gran mayoría, gente trabajadora, maestros, empleados públicos y privados, pequeños comerciantes y profesionales que han logrado reunir con esfuerzo el inicial de su vivienda. Muchos ya tienen préstamos aprobados en entidades financieras, otros ya están pagando intereses, y varios viven en casas alquiladas mientras esperan la entrega del hogar de sus sueños.
Un proceso jurídico absurdo que nunca debió existir
El jurista Dionisio Ortiz, expuso que el conflicto surgió porque Inmobiliaria Don Juan, empresa dueña del terreno y promotora del proyecto, fue incluida dentro del proceso de separación de bienes como parte del proceso de divorcio aun sin concluir, entre el señor Juan Rafael Llaneza y la señora María Amelia Hazoury, hija del señor Abraham Hazoury.
“Han convertido acciones improcedentes tramitadas ante tribunales dominicanos y extranjeros, en un instrumento de presión y bloqueo económico, interponiendo procesos sin fundamento legal con el único propósito de afectar la estabilidad personal y profesional del señor Llaneza. Y es por esa razón que tanto la señora María Amelia Hazoury como sus abogados de la oficina León & Raful, Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, han sido declarados varias veces como litigantes temerarios”, enfatizó.
Explicó que han emprendido esas acciones a pesar de que el señor Llaneza no es socio directo de esa compañía, y de que ese patrimonio inmobiliario pertenece a su familia materna hace más de 100 años, es decir, antes de que el señor Llaneza naciera. “Y la ley es clara al respecto: las herencias no entran en el patrimonio común de los esposos”, precisó.
Puntualizó que el patrimonio de Inmobiliaria Don Juan es independiente y eso ha sido reconocido de manera categórica y coherente por tres instancias: 1) La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 2) La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y 3) el Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central.
“Las acciones que promueve la señora Hazoury son inaceptables y carecen de base legal. Confiamos plenamente en que la justicia dominicana actuará con la responsabilidad que este caso exige, y que los jueces, fieles a su rol constitucional, garantizarán el respeto a la ley, a las decisiones ya emitidas y a los derechos de las familias que son terceros injustamente afectados, que hoy esperan una respuesta oportuna”, concluyó.
Familias víctimas de un litigio improcedente
Una de las víctimas es Gilberto Guerrier Batiste, maestro y técnico distrital del distrito educativo 05-11, además de profesor en varias universidades. A sus 40 años, es el sostén de un hogar con tres hijos pequeños y una esposa que también es maestra. En 2024, ambos hicieron el mayor sacrificio de sus vidas para comprar una vivienda propia, con entrega prevista para marzo de 2025. Pero la fecha llegó y pasó, y lo único que han recibido es incertidumbre.
Con la voz quebrada, hace un llamado a la justicia porque —afirma— está siendo víctima de una situación ajena a y hoy “su familia y sus hijos están pagando y estamos ahora casi en la calle y no sabemos qué hacer”. “Por favor, vengan a socorrernos, vengan a ayudarnos, dennos el documento para que podamos tener nuestra casita y que ahora en diciembre podamos dar gracias a Dios en esta casa y celebrando la Navidad”, exclamó.
Lo mismo vive Carmen Rosario, maestra de quinto grado, de 32 años, madre de tres niños y esposa dedicada. En 2024, ella y su esposo compraron su vivienda, con fecha de entrega pautada para marzo de 2025. Pero esa ilusión se detuvo. A pesar de haber cumplido con cada pago y contar con un préstamo preaprobado, las trabas legales del proceso han impedido que reciban la casa que soñaron como su refugio familiar. Hoy, solo pide que se le permita mudarse a su hogar y cerrar un año que ha sido de angustia, incertidumbre y carga emocional para toda su familia.
“Soy por el momento una víctima de la justicia que quiero que eso se resuelva, porque este año, esta Navidad, quiero comerme mi cena con mis hijos, con mi familia, en mi casa. No soy culpable de nada. Son responsabilidad de la justicia que yo esté ahora mismo en este proceso y que no esté en mi casa”, expresó conmovida.
Otro caso es el de Irving Batista, de 35 años, empleado privado, casado y padre de un niño pequeño, cuya esposa está embarazada. Él ya vive en el proyecto Don Juan y describe ese hogar como el lugar donde su familia ha comenzado a construir una vida estable y feliz. Con la ilusión de brindarle más espacio a su familia decidió adquirir un terreno adicional para anexarlo como patio. Sin embargo, no ha podido recibir el terreno, pero el préstamo bancario ya está corriendo, junto con los intereses que paga cada mes sin obtener respuesta.
