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Bangkok.- El candidato del reformista Partido Popular de Tailandia, Nattapong Ruangpanyawut, lidera las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 8 de febrero en el país del Sudeste Asiático, según varias encuestas publicadas hasta este lunes.
La encuestadora pública Instituto Nacional de Administración del Desarrollo (NIDA, en inglés) da a Nattapong un 24,76 % del apoyo, frente al 20,84 % que recibe el actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, del conservador Bhumjaithai y quien asumió el cargo en septiembre en sustitución de Paetongtarn Shinawatra, apartada por orden del Constitucional debido a supuestas críticas al Ejército.
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La más reciente medición de NIDA ubica en tercer lugar a los indecisos, un grupo cuya definición podría cambiar la balanza.
Por su parte, un estudio de la universidad pública Suan Dusit arrojó una mayor ventaja a Nattapong, del 31,99 %, seguido en la intención de voto, con un 17,45 %, por Yoshanan Wongsawat, líder del Pheu Thai, el partido del histórico dirigente Thaksin Shinawatra (2001-2006) y de su hija, Paetongtarn.
Esta medición ubica en tercer lugar a Anutin, con el 15,14 %.
El Partido Popular, heredero de Avanzar, que ganó los comicios de 2023 pero no pudo gobernar por el veto del conservador Senado, irá a las urnas también promoviendo un referendo que abra el camino para un cambio de Constitución, con la actual promulgada tras el golpe militar de 2014.
En los últimos años, la formación ha presentado propuestas para modificar las estrictas leyes que protegen a la monarquía de Tailandia, lo que le ha costado dos ilegalizaciones y la inhabilitación política de sus dos últimos líderes, Thanathorn Juangroongruangkit y Pita Limjaroenrat.
En agosto de 2024, el Tribunal Constitucional ordenó la disolución de Avanzar, al considerar que su propuesta de reformar la ley que protege a la Casa Real representa una "amenaza para la monarquía constitucional".
El caso contra Avanzar guarda similitudes con los procesos judiciales que terminaron con Future Forward, su antecesor y que fue disuelto en febrero de 2020 bajo la acusación de haber recibido un préstamo ilegal, en una decisión ampliamente criticada por la comunidad internacional y que sirvió como desencadenante de las masivas protestas prodemocráticas de 2020 y 2021.
