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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es una agencia del Gobierno estadounidense creada en 2003 que tiene como misión "proteger a EE.UU. mediante investigaciones criminales y la aplicación de las leyes de inmigración, para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública", según se lee en su portal oficial.
Con más de 20.000 agentes activos, a los que se suma una cantidad no precisada de personal de apoyo, dispone de más de 400 oficinas dentro y fuera del territorio estadounidense y constituye la "principal agencia de aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional" (DHS, por sus siglas en inglés) para mitigar "las amenazas trasnacionales", proteger a la nación y a sus ciudadanos, y controlar "la inmigración legal, el comercio, los viajes y los sistemas financieros".
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Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el ICE ha devenido en punta de lanza de una dura política antiinmigrantes, que ha tenido como blanco preferente, aunque no solo, a los migrantes indocumentados sospechosos de haber cometido delitos en el país norteamericano.
El último año, sus acciones han incluido redadas en lugares de trabajo, escuelas, paradas de autobús, iglesias y hospitales; allanamientos de morada sin orden judicial, detenciones de menores de edad e incluso el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en el contexto de protestas contra el modo de actuar de la agencia, todo lo cual ha puesto a la entidad en el foco de la opinión pública, dentro y fuera de EE.UU.
¿Qué puede hacer el ICE?
Al ser parte de las fuerzas federales, los funcionarios del ICE están habilitados para capturar y deportar a personas sobre las que pese la sospecha de que son inmigrantes ilegales. Si el procedimiento de detención tiene lugar en un sitio público, no están obligados a presentar una orden judicial. Lo que se exige en ese caso es que tengan pruebas o una sospecha razonable de que la persona a la que pretenden aprehender ha violado las leyes migratorias de EE.UU.
Como su ámbito de operación se centra en los migrantes irregulares, el ICE no tiene la potestad para arrestar o deportar a un ciudadano estadounidense. No obstante, unas 170 personas que poseen esa nacionalidad han sido capturadas irregularmente en las redadas gubernamentales, pese a haber mostrado documentación que permitía corroborar su estatus legal.
Además, residentes de urbes como Los Ángeles, con una alta densidad de personas de origen latinoamericano, han denunciado que los operativos se sustentan en perfilamientos raciales de personas no blancas.
Por otra parte, si bien los tribunales estadounidenses prohíben la irrupción de agentes federales o de policías en una vivienda o negocio particular sin una orden judicial, el personal del ICE suele burlar esta norma por medio de la firma de una orden administrativa interna, según documentación filtrada por Associated Press. La Justicia aún no define si la agencia de control migratorio puede mantener su política de detenciones basadas en la sospecha razonable por motivos de seguridad nacional.
En lo que respecta al uso de la fuerza, los agentes de inmigración están obligados a usar la "fuerza mínima no letal necesaria" para cumplir con su propósito, pero no tienen prohibido usar la fuerza letal. Han de reservarla para cuando lo estimen necesario y tengan una "creencia razonable" de que ellos, sus compañeros o terceros afrontan una amenaza capaz de comprometer sus vidas o de causarles heridas de consideración. Por el contrario, no pueden hacer uso de fuerza letal cuando un sospechoso huye o cuando solamente representa un peligro para sí mismo.
En cuanto a la grabación en video de redadas, detenciones y el uso de la fuerza por parte del ICE, aunque el DHS ha advertido que podría configurar un delito, en EE.UU. existe una amplia jurisprudencia que ampara el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones de los cuerpos de seguridad.
De hecho, esto permitió que la opinión pública conociera las circunstancias del asesinato de la poeta Renee Good a manos de un agente del ICE o el traslado del niño de cinco años Liam Ramos a un centro de detención para inmigrantes en el estado de Texas. Los dos casos generaron repudio y derivaron tanto en manifestaciones multitudinarias como en pronunciamientos de personalidades de la clase política estadounidense.
