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Santo Domingo.- La nueva Ley 47-25 da un impulso "histórico" a las mipymes y las mipymes mujeres, al incrementar del 20 % al 30 % la reserva del presupuesto de compras del Gobierno, y endurece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas.
El presidente Luis Abinader firmó este miércoles el reglamento de aplicación de la ley en un acto celebrado en el Palacio Nacional, informó la Dirección de Prensa del Gobierno.
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La ley establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), así como la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos, entre otras novedades.
Abinader dijo que el reglamento marca el inicio de un nuevo ciclo de transformación hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable frente a la ciudadanía.
El presidente aseguró que el nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia, fortalece los controles y promueve una cultura de prevención, en consonancia con el compromiso asumido al inicio de su gestión de fortalecer las instituciones, proteger los recursos públicos y cerrar los espacios donde históricamente se ha producido el abuso, la improvisación y la falta de controles.
"Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable", subrayó Abinader.
En su discurso, el jefe del Estado destacó que esta reforma alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas permanezcan más allá de cualquier gobierno.
De su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el respaldo "decidido" del presidente para la aprobación de la reforma y aseguró que, bajo el liderazgo de Abinader, la transparencia ha dejado de ser un discurso para convertirse en una política pública con resultados concretos.
Dijo que la presencia de la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y los órganos de control del Estado es una muestra de que “la nueva ley no caminará sola: caminará acompañada de instituciones comprometidas con la legalidad y la rendición de cuentas”.
Aseguró a los ministros y titulares de instituciones que la reforma está diseñada para fortalecer su labor, brindar mayor seguridad jurídica y elevar los estándares de la gestión pública, mientras que a la ciudadanía le garantiza que cada contratación responda al interés general y no a intereses particulares.
El titular de la DGCP explicó que la implementación de la nueva ley se realizará de manera gradual, ordenada y responsable, conforme al cronograma aprobado, garantizando la correcta adaptación institucional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas.
