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Santiago.- A casi tres meses del fallecimiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrido durante una excursión del Colegio Leonardo Da Vinci a una hacienda recreativa, abogados de la familia denunciaron este lunes un virtual estancamiento del proceso, presunto encubrimiento y retardo injustificado en la investigación que dirige el Ministerio Público.
Durante una rueda de prensa, el abogado Miguel Díaz, representante legal de los familiares, afirmó que desde el 10 de diciembre, cuando se conoció la solicitud de medidas de coerción contra tres docentes del centro, la defensa ha presentado múltiples diligencias sin obtener respuestas concretas. Sostuvo que el expediente ha sido “rebotado” entre distintas instancias judiciales, sin que se adopten decisiones de fondo.
Díaz explicó que ese mismo día solicitaron medidas personales y reales contra otros actores que según la defensa no fueron incluidos por la Fiscalía, entre ellos el presidente de la asociación Leonardo Da Vinci, el director del colegio Fredy Núñez y los responsables de la hacienda donde ocurrió el hecho.
Detalló que la solicitud pasó por Atención Permanente, el Coordinador de los Juzgados de Instrucción y luego al Cuarto Juzgado de la Instrucción, tribunal que, según indicó, no es competente para este tipo de casos, lo que podría provocar una nueva devolución.
“El tiempo sigue pasando. Ya casi se cumplen tres meses de la muerte de Stephora y más de dos meses desde que pedimos diligencias claves, sin avances reales”, subrayó el jurista, al informar que el 23 de enero interpusieron un pronto despacho y una queja por retardo procesal, aún sin respuesta.
Entre las diligencias pendientes, la defensa citó la falta de interrogatorios a los niños que participaron en la excursión, levantamientos técnicos, grabaciones completas de cámaras de seguridad, videos del traslado y permanencia de los estudiantes, así como informes periciales esenciales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
También cuestionó el acceso incompleto al expediente de la asociación sin fines de lucro vinculada al colegio. Según Díaz, la documentación entregada recientemente solo contiene registros hasta 2011, lo que calificó de “sorprendente” para una institución con larga trayectoria.
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Otro punto crítico es que la hacienda recreativa retiró los letreros de clausura, pese a que afirmó el propio Ministerio Público y la Defensa Civil habrían determinado que el lugar no reunía condiciones mínimas para recibir adultos ni niños. Dijo que no se ha informado si el establecimiento fue revaluado ni si sus administradores han sido sometidos a la justicia.
Por su parte, la abogada Shesnel Calcaño puso el acento en el impacto humano del caso y denunció una “doble victimización” de la familia. Señaló que mientras el país se prepara para el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, una madre cumplirá 90 días sin respuestas judiciales por la muerte de su hija.
Calcaño cuestionó además la falta de fiscalización del Ministerio de Educación, al indicar que no se ha establecido con claridad si el centro educativo cumplía con las normativas vigentes para la realización de excursiones escolares
“Hay normas, pero poca supervisión. Los padres necesitamos saber si nuestros hijos están protegidos en instituciones públicas y privadas”, expresó.
En cuanto a los sometidos hasta el momento, la defensa recordó que dos maestras y una encargada administrativa enfrentan medidas restrictivas, mientras el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para presentar acusación, archivar el caso u optar por otra salida procesal. No obstante, insistieron en que existen otros responsables funcionales que deben ser incorporados.
Las declaraciones se ofrecieron durante una convocatoria a medios, en la que los juristas reiteraron que agotarán todas las vías legales para que se esclarezca la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, cuyo deceso cumple tres meses este sábado 14 de febrero.
Antecedentes del caso
La jueza Yeritza Cabra, del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, impuso garantía económica y presentación periódica a Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, con una fianza de RD$500,000 a través de aseguradora, por la presunta negligencia durante la excursión en la que murió ahogada la estudiante de 11 años.
La imputada Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella no recibió medidas, al determinarse que no participó en la excursión.
