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Santo Domingo.– Resguardado por un amplio contingente policial y con documentos en mano, llegó la mañana de este viernes al tribunal el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, donde será conocido el conocimiento de la medida de coerción en su contra por presuntos actos de corrupción.
A su llegada a la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, su abogado, Valentín Medrano, reiteró su solicitud de que la audiencia sea completamente abierta al público y a la prensa, al tiempo que cuestionó la legalidad de la petición de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.
“Nosotros no solamente queremos que sea semipública, queremos que sea totalmente abierta, aperturada y que ustedes puedan tener acceso a todas las informaciones”, expresó Medrano, al asegurar que en el proceso se han cometido “yerros procesales” que el país debe conocer.
El jurista sostuvo que entre las supuestas irregularidades figura la aplicación incorrecta de la flagrancia, alegando que no procede cuando existe una investigación en curso. “Cuando hay una investigación abierta, no existe la flagrancia”, afirmó.
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Asimismo, criticó la solicitud de un año de prisión preventiva contra su defendido, señalando que no se ajusta a lo establecido en el artículo 229 del Código Procesal Penal. “Si un fiscal no tiene arraigo, nadie lo tiene”, agregó.
El Ministerio Público acusa a Valdez Alcántara de haber recibido un soborno de 10 mil dólares en el marco de una investigación vinculada a la ARS SeNaSa. Según el expediente, el imputado habría exigido inicialmente 200 mil dólares, monto que luego redujo a 150 mil durante el proceso de negociación.
El arresto del fiscal se produjo el pasado 27 de marzo en horas de la noche, cuando presuntamente recibió el dinero en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional.
Mientras tanto, el órgano acusador solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, en tanto continúan las investigaciones del caso.
