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Santo Domingo.– El caso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar sobornos para favorecer procesos judiciales, se ha ido estructurando a partir de una serie de hechos que, según el Ministerio Público, evidencian un patrón de conducta irregular en el ejercicio de sus funciones.
La Procuraduría General de la República comunicó que el arresto de Valdez Alcántara se produjo en flagrante delito, tras recibir en una entrega controlada, autorizada por un juez, la suma de USD$ 10,000 de una persona bajo investigación, Roberto Canaán.
Según el Ministerio Público, así sucedieron los hechos:
2017- Ingreso al Ministerio Público: Valdez Alcántara inicia su carrera dentro del Ministerio Público, desempeñándose como procurador fiscal en distintas funciones vinculadas a la persecución penal.
2020- Integración a la Pepca: El fiscal pasa a formar parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una de las dependencias clave en la investigación de delitos de corrupción en el Estado.
Años posteriores: Ejercicio de funciones investigativas
Durante su permanencia en la Pepca, el imputado tenía bajo su responsabilidad investigaciones sensibles, con capacidad de incidir en el curso de procesos judiciales.
Hechos imputados: Solicitud de sobornos
De acuerdo con el expediente, en el desarrollo de sus funciones, el fiscal habría solicitado dinero a cambio de favorecer a personas involucradas en procesos penales. Estas acciones incluirían la manipulación de investigaciones o la alteración de decisiones dentro de los casos.
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Apertura de investigación interna
Las presuntas irregularidades habrían sido detectadas por el propio Ministerio Público, dando lugar a una investigación que culminó con la recolección de elementos de prueba en su contra.
Presentación de la solicitud de coerción
Finalmente, el Ministerio Público, representado por sus principales autoridades, deposita ante el tribunal una solicitud de medida de coerción contra Valdez Alcántara, sustentada en el artículo 230 del Código Procesal Penal.
En el documento, el órgano acusador afirma contar con evidencias suficientes para vincular al fiscal con actos de corrupción administrativa, señalando al Estado dominicano como víctima.
Ahora, el proceso entra en una nueva etapa, en la que el tribunal deberá evaluar los argumentos y determinar las medidas a imponer, marcando el inicio formal del caso en sede judicial.
