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Santo Domingo.– El abogado Valentín Medrano, representante legal del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, abogó por que la audiencia de medida de coerción contra su defendido sea completamente abierta al público y a la prensa, al tiempo que cuestionó la legalidad de la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
“Nosotros no solamente queremos que sea semipública, queremos que sea totalmente abierta, aperturada y que ustedes puedan tener acceso a todas las informaciones”, expresó Medrano, al considerar que el país debe conocer lo que calificó como “yerros procesales” cometidos durante la investigación.
El jurista sostuvo que existen múltiples irregularidades, entre ellas la alegada aplicación incorrecta del concepto de flagrancia en un proceso donde, según afirmó, ya existía una investigación en curso. “Cuando hay una investigación abierta, no existe la flagrancia”, puntualizó.
Asimismo, criticó la solicitud de un año de prisión preventiva contra su cliente, señalando que el Ministerio Público mantiene una “retórica” que, a su juicio, no se corresponde con lo establecido en el artículo 229 del Código Procesal Penal, el cual regula los presupuestos para la imposición de medidas de coerción.
“Si un fiscal no tiene arraigo, nadie lo tiene”, afirmó Medrano, al insistir en que su defendido cumple con las condiciones necesarias para enfrentar el proceso en libertad.
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La mañana de este viernes, en la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, será conocido el conocimiento de la medida de coerción contra Valdez Alcántara, acusado de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares en un caso vinculado a la ARS SeNaSa.
De acuerdo con el expediente, el imputado habría exigido inicialmente 200 mil dólares, monto que posteriormente redujo a 150 mil durante el proceso de negociación con una persona bajo investigación.
El arresto del fiscal se produjo el pasado 27 de marzo en horas de la noche, cuando presuntamente recibió el dinero en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
